“La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización de Corredores viales SA, una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas”, señaló Presidencia a través de un comunicado.
“No es el rol del Estado la gestión de las autovías. Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje”, agregó el texto, que denunció que la empresa dejó un déficit de unos 300.000 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) en 2023.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó ayer en una conferencia de prensa que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas gestionará el proceso de privatización, que culminará con “la disolución y posterior liquidación de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas”.
“De esta manera, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública”, añadió el portavoz, que consideró que “más competencia en el mercado va a implicar además mejores precios”.
La privatización de Corredores Viales había sido anunciada por el Ejecutivo en octubre del año pasado, argumentando que la empresa resulta deficitaria y que no cumple con los estándares mínimos de operación y mantenimiento.
En ese momento, Vialidad Nacional adelantó que en 2025 se concesionarían a empresas privadas 8.470 kilómetros de carreteras gestionadas por Corredores Viales, sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas.
“En total, se licitarán 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito”, informó Vialidad.
A principios de la década de 1990 se privatizaron rutas nacionales en Argentina mediante un esquema de concesiones a privados, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes mientras que también se hicieron responsables del mantenimiento de los caminos.
La crisis de 2001 y la posterior caída del régimen de convertibilidad del peso frente al dólar afectaron la ecuación económica financiera de las empresas y el fracaso en la renegociación de los contratos derivó en que varias compañías iniciaran reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Los contratos vencieron en 2003 y, desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes.
