En este artículo quiero sumarme al debate, pero antes de analizar lo sucedido y de dar una opinión al respecto, es importante revisar algunos conceptos fundamentales de una democracia moderna y ver su evolución histórica.
Recordemos que en la Edad Media la sociedad estaba dividida en tres clases sociales –la monarquía, el clero y el común–, los primeros con todos los derechos y los últimos casi sin derechos.
El gobernante era el rey que tenía todos los poderes sobre sus súbditos: podía promulgar leyes (poder legislativo) hacia cumplir dichas leyes (poder ejecutivo) y sancionaba a quien no cumplía sus leyes (poder judicial).
Era la época del absolutismo, era la época del poder absoluto del monarca, era la época de súbditos sin derechos y, por supuesto, era la época de los abusos de poder.
Contra este orden vinieron las sucesivas revoluciones, inglesas, francesas y norteamericanas, y se implementaron los principios de división de poderes para evitar los abusos, se garantizaron los derechos civiles de los ciudadanos y se promulgaron constituciones y leyes que institucionalizaron esta nueva forma de organización política.
Existen diversas formas de democracia: Existen repúblicas y monarquías democráticas, existen democracias parlamentaristas y presidencialistas existen democracias bajo un sistema unitario o federal.
Pero todas deben asegurar la división de poderes y garantizar los derechos del ciudadano. En todas las democracias, la mayoría debe gobernar, pero respetando los derechos de las minorías.
Basado en todo lo expresado anteriormente y sustentado en el artículo 201 de nuestra Constitución, la Cámara de Senadores tenía la facultad de proceder con la pérdida de investidura de la senadora Kattya González con una mayoría simple de votos.
Pero los senadores que votaron a favor de dicha decisión no pueden invocar bajo ningún concepto, que esta fue tomada en el seno del comando político y que ellos tuvieron que acatar, aunque no estaban de acuerdo. El mismo artículo 201 dice taxativamente que los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.
Esa fue la primera violación constitucional y la segunda violación constitucional fue en lo referente a la causante que también el artículo 201 dice textualmente: “El uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
La palabra fehaciente es un adjetivo calificativo que otorga certeza a un hecho. Ser fehaciente es ser fidedigno, irrefutable, indiscutible.
En el caso de la senadora Kattya González no se respetó el debido proceso, que es un derecho humano y es la única manera de llegar a una certeza inequívoca de su culpabilidad.
Lo ocurrido la semana pasada al igual que lo ocurrido en los casos anteriores de pérdida de investidura, una mayoría circunstancial llevó adelante a tambor batiente, decisiones tomadas fuera del recinto parlamentario.
Esta situación genera una gran inseguridad jurídica para todos los que habitan nuestra nación, sean estos ciudadanos, empresas u organizaciones de la sociedad civil y principalmente a los que constituyen la minoría.
El impacto de lo ocurrido la semana pasada en el Senado es de un enorme daño a la imagen internacional del Paraguay, porque confirma lo que desde hace años nos dicen las empresas calificadoras de riesgo sobre nuestro país.
Ellos nos dicen que tenemos una política monetaria y fiscal prudente y conducida con profesionalismo, pero tenemos graves problemas institucionales, con un poder Judicial carcomido por la corrupción y un anárquico poder legislativo.
En estas condiciones, el grado de inversión se aleja cada vez más y ni el desarrollo ni la democracia serán una realidad en el Paraguay.
