“Ojalá que (la Justicia) actúe rápido y efectivamente se lo ubique y pague por lo que presuntamente ha hecho, porque es una aberración total. Creo que es uno de los peores delitos de los que pueda existir en el mundo. Procuramos su pronta detención y que la Justicia avance y juzgue, que es lo que apelamos siempre”, dijo este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
El juez en lo Penal 4 de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Faría, activó el viernes pasado un pedido de captura internacional de Kiczka a Interpol, por sospechas de fuga hacia Brasil o Paraguay, después de que las autoridades descubrieran que el legislador había pedido una habitación de hotel en la ciudad de Puerto Iguazú, cercana a la Triple Frontera (que Argentina forma con esos dos países).
“La policía de la provincia (de Misiones) constituyó una brigada especial para buscarlo. Además, estamos en contacto con las autoridades brasileras que emitieron una alerta en Río Grande do Sul y Santa Catarina (Brasil) para detenerlo. Es muy probable que esté fuera del país, así como también que esté escondido en un campo”, dijo el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, este sábado al canal de televisión TN.
La Cámara de Diputados de Misiones aprobó por unanimidad el desafuero del diputado de La Libertad Avanza –partido de ultraderecha fundado por el presidente Javier Milei–, investigado junto a su hermano Sebastián en el marco de una red internacional de producción y distribución de pedofilia.
A principios de agosto, la Policía encontró gran cantidad de material de pornografía, abuso infantil y zoofilia en distintos dispositivos electrónicos.
Las investigaciones contra el diputado surgieron a raíz de la operación policial “Guardianes digitales por la niñez”, cuando a principios de marzo la Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, que derivó en registros de domicilios en la capital argentina y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Tucumán (norte).
La denuncia primaria había sido efectuada por la ONG The International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), con sede en Estados Unidos.
Fuente: EFE.
