Hugo Javier González, jefe departamental de Central, sostuvo que la Gobernación no es responsable de la presentación de documentos y rendición de cuentas con respecto a los fondos recibidos para la lucha contra el Covid-19, ya que el USD 1 millón en cuestión fue entregado íntegramente a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional Fundación (CIAP), responsable de ejecutar las obras.
En contacto con Monumental 1080 AM, el gobernador habló sobre el dinero que mediante la Ley de Emergencia Sanitaria fue desembolsado a las gobernaciones.
“La Gobernación de Central transfiere ese dinero a una entidad para ejecutar rápidamente, porque el tiempo así lo requería: gestión e inmediatez, ante la necesidad de la reactivación económica en obras. Las obras se hicieron, se ejecutaron, el millón se ejecutó en obras. Están ahí, las obras están visibles, georreferenciadas, documentadas y fiscalizadas. No hay lesión de confianza al respecto sobre el momento utilizado, sobre el millón”, afirmó.
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Mencionó que, a pesar de que la Gobernación es la responsable de la rendición de cuentas, no fue la institución la que presentó las documentaciones, sino la entidad que recibió la transferencia del gobierno departamental.
“La Gobernación y la entidad firman un acuerdo, donde la entidad que va a recibir la transferencia se hace responsable de la documentación a ser presentada a la Gobernación y a la Contraloría y así se hizo”, comentó.
Precisó que la Gobernación iniciará una auditoría interna para ver si las documentaciones corresponden con las obras entregadas. “Ellos presentaron la documentación a la Controlaría y a la Gobernación. Que yo reciba no implica que yo acepte y diga que está todo bien”, explicó González.
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Asimismo, se comprometió a que, si la auditoría detecta irregularidades, presentará una denuncia formal contra la entidad y que será un celoso custodio del bien público. Sobre la decisión de transferir el dinero a dicha fundación, argumentó que el ente fue seleccionado por el equipo técnico de la Gobernación y que el mismo cumplía con todos los requisitos y estaba inscrito en el Ministerio de Hacienda.
El ex animador dijo estar a disposición de los organismos de control del Estado y las instituciones responsables de transparentar la administración. “Es más, me puse a disposición del Ministerio Público abierto a colaborar en todo lo que sea pertinente para esclarecer esto”, detalló.
Facturas clonadas superan los G. 1.500 millones
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, también en una entrevista con Monumental 1080, mencionó que las facturas que habrían sido clonadas serían por un monto superior a G. 1.500 millones de los G. 5.100 millones transferidos por Hacienda.
Agregó que, además de investigar las inconsistencias de las facturas presentadas, se debe indagar si las obras se hicieron. “Lo que nosotros sí determinamos y comprobamos fehacientemente es que ellos cambiaron las facturas que presentaron ante la administración tributaria a lo que habían presentado en primer lugar a la Contraloría General de la República y la Presidencia”, indicó.
Mencionó que un detalle mayor es que las fechas de las facturas que fueron cambiadas son posteriores a las denuncias que se hicieron en los medios de prensa.
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“Tienen fechas posteriores al pedido que les hicimos, porque ellos (ONG) habían pedido una prórroga. Lo llamativo es que estas empresas dijeron que no vendieron a la ONG los productos que constan dentro de las facturas. Ahí está mucho más grave. Nuestro indicio es que ellos cambiaron la factura porque se descubrió eso”, apuntó.
Orué manifestó que se constituyeron en el lugar a fin de pedir la documentación pertinente. Además remitieron informes a la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público informó que se abrió el 17 de junio una investigación sobre supuestos hechos de clonación de facturas, que habrían sido presentadas ante la Gobernación de Central, tras una denuncia realizada por los afectados en medios de comunicación.
El agente fiscal especializado en anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, señaló que en el mes de junio ya se solicitaron informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la Contraloría General y a la Auditoría General de la República, debido a la denuncia pública, y que los informes presentados por las instituciones contraloras serían una contestación de las diligencias ya realizadas por el Ministerio Público.
