El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, prometió ayer dar el siguiente paso para encaminar el pedido de intervención de la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González, quien fue imputado por lesión de confianza y otros hechos en el uso de los recursos millonarios otorgados durante la pandemia.
“Vamos a tratar”, respondió el secretario de Estado ante la consulta de ÚH sobre el pedido de intervención resuelto por la Junta Departamental.
El Ministerio del Interior debe enviar el pedido a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República para que posteriormente se dé tramite a la Cámara de Diputados, donde se tiene que tomar la decisión política de intervenir o no la administración.
Hasta el momento, indicaron en Palacio de Gobierno que están esperando el documento para dar movimiento correspondiente.
El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador Hugo Javier González y a otras 15 personas implicadas en la clonación de facturas con los fondos Covid.
La imputación es por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por obras fantasmas de la Gobernación de Central.
la denuncia. Desde la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se presentó la denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en el manejo de USD 1 millón que recibió la Gobernación dentro de la Ley de Emergencia por el Covid-19.
Hugo Javier y su equipo habían transferido recursos a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para realizar supuestamente obras de infraestructura.
La Fiscalía imputó también a Lourdes Verónica Lezcano Decoud (secretaria general de la Gobernación), Armando Adolfo Soler Espínola (secretario de Obras Públicas); Luis Eduardo Allende Araujo (ex jefe de Tesorería) y Édgar José Zaracho Quintana (asesor jurídico general).
Igualmente están en la lista Javier Marcelo Rojas Giménez (director general de Administración y Finanzas); Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, (presidente de la fundación), Paulino De Los Santos Palacios Recalde (tesorero de la misma organización) y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria (síndico).
El juez de Delitos Económicos, José Delmás, había admitido la imputación del fiscal.
Hugo Javier se presentó ante el Juzgado de Garantías para la audiencia de imposición de medidas. Sin embargo, empezaron las chicanas. Quedó suspendida por falta de juez debido a que el magistrado Humberto Otazú impugnó la inhibición de Delmás. A esto se suma que uno de los procesados presentó recusación que debe ser resuelta para seguir con el proceso judicial.
Hugo Javier, confiado en el apoyo del cartismo, respondió que no está en sus planes renunciar y que seguirá la batalla en el estrado judicial. “Vamos a seguir todos los pasos que diga la Justicia, yo estoy dispuesto a seguir todo lo que disponga la Justicia. Jamás voy a renunciar”, afirmó en sede del Poder Judicial.
