EFE.
“No hay justificación alguna, con todo respeto al país donde estoy, para que no haya una respuesta al pedido argentino. Eso no es justificable en un país donde se afirma que se está luchando contra la impunidad”, declaró a la prensa Garzón tras participar en Asunción de una conferencia sobre derechos humanos, este lunes.
Garzón se hizo famoso a nivel internacional por procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Las víctimas de la dictadura de Stroessner presentaron una querella hace un año en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, justificada por el nulo avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público paraguayo.
En Argentina también se presentó otra querella para que se investiguen las presuntas torturas y matanzas que el régimen de Stroessner llevó a cabo contra el pueblo indígena aché.
“Obras son amores y no buenas razones, es decir, se demuestra andando lo que se hace. ¿Por qué no contestar, por que no permitir que venga aquí el juez, que se facilite la investigación desde afuera o se faciliten los documentos?”, dijo Garzón.
“Hay una falta de actividad. Sé que hay documentos que claramente evidencian la presunta participación en actos criminales de personas que hoy en día están vivas, por tanto eso debería motivar inmediatamente la reacción por parte de las organizaciones judiciales de este país”, añadió.
La semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pidió a Paraguay que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones.
Además, víctimas de tortura durante la dictadura paraguaya identificaron el mes pasado a 18 supuestos responsables de esos crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales eran policías, quienes en libertad en Paraguay.
Pero desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios ya identificados, según los abogados de las víctimas.
La Comisión de Verdad y Justicia (CJV), una entidad pública, registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctima de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.
Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos, durante la dictadura de Stroessner.
“Hoy día no puede vivir un país aislado respecto a la comunidad jurídica y política a la que pertenece con unas dosis de impunidad tan altas como las que se ameritan aquí”, expresó Garzón.
El exjuez advirtió de que ni los organismos de las Naciones Unidas ni las organizaciones defensoras de los derechos humanos “ni a la larga los países van a consentir que esa impunidad se consolide”.
Garzón recordó que al igual que Paraguay, el gobierno de China tampoco contestaba a los requerimientos de la justicia universal en una causa abierta en España por el conflicto del Tíbet, ni Estados Unidos con la investigación sobre la cárcel de Guantanamo.
También se opusieron en un inicio Argentina y Chile, dos países que han visto a sus exdictadores procesados en vida junto a algunos de sus colaboradores, dijo Garzón.
El magistrado opinó que los países, cuando tratan de evitar una investigación o de justificar la impunidad, se niegan a aportar elementos para la investigación.
“A veces la falta de cooperación por parte de los organismos judiciales generan espacios de impunidad”, abundó.
