La Comisión Bicameral de Presupuesto no dictaminó a favor de un aumento de 34% en el presupuesto del 2026 para la Corte Suprema de Justicia, cuyo pedido estaba sustentado en la equiparación y reajuste salarial.
Ante esto, Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales (Sifjupar), informó a ÚH que desde el sector se están preparando para ir a una huelga general de todas las Circunscripciones del Poder Judicial a partir del 14 de noviembre, la cual podría extenderse hasta por 30 días.
Sostuvo que la medida obedece a que la Comisión Bicameral de Presupuesto rechazó el pedido de los funcionarios judiciales y recordó que actualmente 4.000 trabajadores perciben salarios muy bajos, mientras que el 80% de estos ni siquiera cobran el salario mínimo.
“No nos dieron absolutamente nada, por eso convocamos a huelga. Necesitamos una equiparación salarial y otro es un reajuste salarial. Ya que hace 14 años que no tenemos reajustes. La huelga convocamos porque la Bicameral negó toda posibilidad”, lamentó la funcionaria.
Señaló también que en el caso de los jueces y magistrados la situación es diferente, ya que están regidos por leyes especiales y que sus ingresos ya son altos, mientras que los funcionarios perciben bajas remuneraciones y, además, reciben un descuento del 16% para la jubilación.
“Son 4.000 funcionarios judiciales, el 80% no gana ni el salario mínimo, es gravísimo. ¿Cómo es posible que en la casa de la Justicia no se pague por al menos el mínimo? ¿Cómo un abogado puede trabajar por menos del salario mínimo? Aunque les den G. 100.000 más para llegar al salario mínimo, igual vuelve a quedar por debajo”, criticó.
Enfatizó que esperan que la Cámara de Diputados reconsidere y apruebe el pedido en los próximos 15 días, con lo que podrían desactivar la medida de fuerza, aunque también dijo que temen que en el Senado finalmente lo rechacen.
“Hace siete años no hemos hecho una medida de fuerza, siete años apostamos por el diálogo, pero nos cansamos de las promesas”, concluyó la representante de los funcionarios judiciales.
Para el 2026, la Corte pidió USD 296 millones, un 34% más con relación al presupuesto vigente y 22% mayor a la asignación del Poder Ejecutivo, con el fin de crear 648 nuevos cargos y aumentar los salarios de magistrados y funcionarios.