02 feb. 2026

Funcionario judicial dice que ministro Garay le persigue

31048502

Jorge Velazco Feliú

El funcionario judicial Jorge Velazco Feliú denunció que es víctima de persecución laboral por parte del ministro César Garay. Se desempeña como funcionario administrativo de la circunscripción judicial de Presidente Hayes.

Explicó que, hace más de 10 años quiere sacarle del cargo como administrador, ya durante las presidencias de los camaristas Óscar Rodríguez Kennedy y Daniel Gómez Rambado, con los que trabajó hasta el 2021.

Refirió que hubo pedidos frecuentes de Derlis Ríos, jefe de Gabinete del ministro, para que se le remueva del cargo, por supuesto mal desempeño en funciones. Alegó que en el 2022 le separaron del cargo.

Ya en el 2023, vino a trabajar a Asunción, en Auditoría de Gestión, con Rodolfo Heyn, hasta que actualmente, de nuevo le enviaron a Presidente Hayes, donde le degradaron y le pusieron como encargado de archivo.

Refirió que nunca pudieron determinarle falencias, y en el 2023 le hicieron una investigación, donde el entonces superintendente Carlos Enciso recomendó archivar el caso.

Sin embargo, se solicitó un informe al funcionario que le sucedió, Lic. Rodney Albariño, y este con un supuesto informe, le abrieron de nuevo un sumario que actualmente sigue pendiente.

Más contenido de esta sección
Marcelo Cabaña Santacruz, hermano de Reinaldo Javier ‘Cucho’ Cabaña, seguirá con prisión preventiva, según resolvió el juez de Garantías, Miguel Palacios, al rechazar el pedido de revocatoria de la prisión preventiva planteada por la defensa.
Desde hace ocho meses, la Comisión del Senado solicita a la Corte la auditoría de un grupo de 21 causas vinculadas a la mafia de los pagarés. Una de ellas es el caso de la enfermera Luciana Bernadet Torres, cuya auditoría resulta necesaria para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación.
Luego de casi 13 años de haberse pedido la desestimación de un caso, finalmente el juez de Garantías Yoan Paul López hizo lugar al requerimiento fiscal que pidió archivar la denuncia formulada contra una persona debido a que el caso era de acción penal privada.
Algunos abogados que intervienen en la causa por lavado de activos del narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, se quejaron de que durante la audiencia se realiza la lectura de un documento en portugués de 5.000 páginas, traducido en ese mismo acto. Las defensas habían solicitado su traducción íntegra y la entrega de una copia, pero el pedido fue rechazado.
La jueza de Crimen Organizado Lici Sánchez dispuso el secuestro y la remisión a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de 20 vehículos que fueron incautados durante el Operativo Umbral, donde capturaron un convoy que llevaba 88.991 kilos de marihuana.
La empresa Comaco estuvo detrás de cientos de demandas con los mismos testigos. Víctimas de la mafia de pagarés reclaman protección del Colegio de Abogados y piden declarar nulos los juicios.