El senador de Frente Guasu (FG) Jorge Querey mencionó que el proyecto de ley que buscar castigar la tenencia de tierras malhabidas es en respuesta a la normativa vigente que amplió las penas de cárcel por las invasiones, más conocida como Ley Zavala-Riera.
Indicó durante una entrevista con radio Monumental 1080 AM que la propuesta establece penas carcelarias de hasta los 12 años.
“No tiene que haber un desequilibrio con respecto a las leyes, las penalizaciones y las exigencias jurídicas, etc.”, expresó el parlamentario.
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Sobre el punto agregó que actualmente hay varios dirigentes campesinos procesados debido a su lucha por la tierra.
“No puede ser que hoy tengamos 180 dirigentes campesinos imputados, varios de ellos en la cárcel, y otra vez con pedido de desalojo de 400 asentamientos, entre 40 y 200 familias, y en contrapartida para las grandes tierras no existe eso”, apuntó.
Querey explicó que se trata de un espiral de confrontación que está dentro de la “categoría sociológica de terrorismo”.
“La estrategia terrorista no es solo la que pone una bomba, es aquella que pone a la sociedad y ciudadanía en la opción de decidir de uno u otro lado y las instituciones no son capaces de mediar”, expresó.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó en setiembre del año pasado la polémica ley que amplía las penas por las invasiones de inmuebles que fue sancionada por el Congreso.
Las modificaciones del artículo 142 del Código Penal que tipifican a las invasiones de tierras como un crimen establece como pena privativa de libertad hasta 10 años.
El informe de la Comisión de Verdad y Justicia identifica a varias familias, muchas de ellas actualmente ligadas al Poder Legislativo y Ejecutivo, como beneficiadas con inmuebles del Estado conseguidos de manera irregular durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Otro proyecto polémico propuesto por el senador colorado Enrique Riera es el que pretende criminalizar los cierres de rutas, una medida de fuerza realizada por diversos sectores cuando sus reclamos no son escuchados por las autoridades.
