El senador Hugo Richert expresó a Última Hora que el Frente Guasu planteó una declaración para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso el Acuerdo de Escazú, que había sido suscripto en septiembre del año 2018 y que tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
En ese sentido, indicó que la mesa directiva se reunirá este lunes y se analizará si la propuesta es incluida en el orden del día. El proyecto había sido retirado por el Ejecutivo el año pasado, luego de críticas provenientes de sectores religiosos y empresariales y hasta el momento no volvió a ser remitido al Congreso.
El senador manifestó que el acuerdo hace referencia al cambio climático y las consecuencias medioambientales del país y la región, lo que genera una reacción de los beneficiarios del modelo económico del país, que es agroexportador y que se traduce en una deforestación aunque se quiera negar.
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Entre otras cosas, dijo que hay una campaña de desinformación, porque repercute en los intereses de las personas que sostienen el sistema económico, pero dijo que el acuerdo no va a resolver los problemas sino se cambia el modelo económico, aunque es un punto a favor del medioambiente.
El acuerdo internacional también busca garantizar el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Paraguay suscribió el acuerdo el 27 de setiembre del año 2018 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, cuando se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, coincidiendo con el debate general anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU).
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Para su entrada en vigor, el documento debe ser ratificado por 11 Estados y se convertiría en el primer acuerdo regional ambiental en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil solicitan al Poder Legislativo la ratificación del acuerdo regional, que ya tiene la aprobación de Ecuador, Bolivia, Panamá y Uruguay, entre otros Estados.
El monseñor Edmundo Valenzuela había difundido un video en el que relacionaba el Acuerdo de Escazú con el aborto y la ideología de género, e invitaba a todas las iglesias a unirse contra su ratificación en el Congreso. Por esa razón, el proyecto fue retirado por la Cancillería, mientras que la Unión de Gremios del Paraguay había manifestado también su preocupación por el proyecto.
Postura del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Entretanto, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni Hicar, remitió una nota a la Cancillería Nacional, tras asumir el cargo, en el que rechaza el acuerdo, alegando que el mismo es contrario a las regulaciones comerciales basadas en ciencia y pruebas científicas que promueve la cartera de Estado.
De la misma manera, alega que las reglas de comercio promovidas por la Organización Mundial de Comercio y otros organismos multilaterales son suficientes para garantizar reglas claras, transparentes y por sobre todo equilibradas y balanceadas para mantener el desarrollo sostenible agrícola con respecto del ambiente.
