En su desempeño como jefe del Departamento de Valoración de Aduanas, desde el 2001, Arnaldo Samaniego recibía el monto total de G. 7.261.900, entre sueldos, viáticos y bonificaciones. En su cuenta de ahorro figuraba la suma de G. 1.541.216. Declaró un total de patrimonio neto por la suma de G. 222.415.172, según la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del año 2002.
Durante su ocupación como aduanero ya poseía varios inmuebles. Tres terrenos figuraban como baldíos en San Lorenzo, dos en la ciudad de Quiindy, otro en San Bernardino y también en la ciudad de Altos. Dos departamentos en Fernando de la Mora y se describe además una cochera.
Para el 2008 su patrimonio neto trepó a G. 730.248.296. Desde el citado año obtuvo una banca en la Cámara de Diputados, hasta el 2010. Declaró como un total de ingreso mensual G. 20.748.100.
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Desde el 2010 hasta el 2015 ocupó el cargo de intendente de Asunción con un salario de G. 27.057.016, según figura en la declaración del 2014. En la declaración de bienes hecha en este último año citado, el patrimonio neto ya ascendió a G. 1.834.531.776.
En el 2009 y 2014 adquirió dos inmuebles en Asunción, una vivienda y una oficina respectivamente, totalizando así 10 propiedades con una valoración de G. 1.100.000.000 para la época. Independientemente a ello se agrega un departamento y cochera en Fernando de la Mora por un valor de G. 1.250.000.000.
En la última declaración en el 2015, el patrimonio aumentó casi G. 52.000.000 en un año, con un total de G. 1.886.506.856. Samaniego aparece para la época también como accionista de Cerro Madera SA con un valor activo de G. 91.000.000. La remuneración por su cargo como intendente también aumentó en G. 2 millones más ese año, lo que equivale a G. 29.213.145.
En el 2017, la Junta Municipal de Asunción había solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para investigar sobre un monto superior a G. 28.922 millones sin documentos respaldatorios o de transferencias no realizadas a la Caja Municipal en el periodo 2014-2015 de la gestión de Samaniego.
En su cuenta de Twitter Samaniego había alegado en el 2018 que no cuenta con “ningún proceso judicial por supuestos faltantes durante mi gestión como intendente. Mi administración fue auditada y aprobada por todas las instancias”.
La Contraloría General de la República publicó este miércoles más de 2.000 declaraciones juradas de funcionarios públicos que ocuparon cargos entre 1998 y 2017. Están a disposición de la ciudadanía en el sitio web del órgano contralor.
