La Contraloría General de la República (CGR) inició este miércoles con la publicación de una primera tanda de declaraciones juradas de funcionarios públicos que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017.
El contralor Camilo Benítez, el director General de Declaración Jurada, Armindo Torres, y el director General de TIC, Yassir Admen, realizaron una conferencia de prensa al respecto.
Torres indicó que en esta jornada fueron publicadas 2.961 declaraciones juradas, que corresponden a unos 2.000 altos funcionarios, como presidentes de la República, vicepresidentes y parlamentarios.
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La Corte Suprema de Justicia dispuso la publicación de la declaración jurada de bienes a partir del rechazo de una acción de inconstitucionalidad planteada para frenar la publicación de las mismas, con la que reconoció el derecho a la información pública contemplada en la Ley 5282.
En cumplimiento a esta orden judicial es que la CGR deberá publicar en un plazo de 60 días hábiles la totalidad de las DDJJ de casi 20 años.
“Yo creo que vamos a cumplir con el plazo de 60 días, de todos los funcionarios que hayan ocupado cargos desde 1998 hasta el 2017. Estamos confiados que lo vamos a hacer. Realmente estamos avanzando muy rápido en este sentido”, señaló Camilo Benítez, por su parte.
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Yassir Admen explicó que la cantidad de archivos publicados este miércoles fue mediante un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá, que posibilitó la digitalización de las declaraciones juradas.
Sobre el punto, acotó que los documentos disponibles en PDF son las declaraciones juradas realizadas antes del 2014, y las que se hicieron después están en forma de texto, por la tecnología innovadora de ese año.
Además, citó que están en tratativas con la Itaipú Binacional sobre un proyecto que permita rendir cuentas de Royalties y transferencias a oenegés desde un portal de datos abiertos, que esperan integrar al sistema de la Contraloría General de la República que funciona desde el 2014.
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Este hecho se constituyó en un momento histórico para el país, ya que luego de varios años de blindar la información acerca de los funcionarios públicos con acciones de inconstitucionalidad, proyectos de ley, entre otros, finalmente se dieron a conocer las primeras DDJJ de bienes por parte de la Contraloría.
