El problema se va agudizando en el campo por las sequías, tormentas y granizadas, siendo la agricultura familiar campesina la más afectada como población vulnerable.
Ante esta situación, la FNC recopiló y actualizó la serie de propuestas de programas que había presentado a varias administraciones anteriores y que volverá entregar este miércoles al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Lastimosamente siempre se cajoneó”, dijo el secretario de la organización, Marcial Gómez, sobre los documentos presentados hasta ahora.
Sin embargo, el sector insistirá con el apoyo a la producción campesina con asistencia técnica, acceso a crédito público, garantía de precios para la producción nacional e inversión en infraestructura, así como en la legalización de asentamientos.
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También recupera el viejo reclamo de un seguro agrícola, que puede salvar la producción en situaciones de emergencia por el impacto climático.
En ese sentido, puede servir para comprar semillas e insumos, de manera a recuperar rápidamente los alimentos frescos en las fincas familiares y su disponibilidad para todo el país.
Aunque la FNC reconoce que hay más de 200.000 familias campesinas, esta vez pedirá llegar concretamente a 5.000 con asistencia productiva.
El dirigente se refirió al déficit estatal en la atención a los productores de alimentos en un contexto en que el MAG llega apenas al 5% de los agricultores con asistencia técnica y tiene un recorte presupuestario del 35% para el 2024, en tanto que el Crédito Agrícola de Habilitación da respuesta apenas a un 2,5% de la agricultura familiar.
Para la regularización de tierras, los campesinos recurrirán al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, cuyo presidente, Francisco Ruiz Díaz, se jacta de completar un récord histórico con 2.188 títulos para beneficiarios del Estatuto Agrario en los primeros 100 días de gestión.
Vinculación con los precios
En el 2018, la organización campesina propuso un programa nacional sobre horticultura, con el objetivo de producir durante todo el año y abastecer continuamente el mercado interno.
En ese momento, había planteado una inversión de USD 7 millones durante cinco años, de manera a alcanzar la sostenibilidad del sector y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad alimentaria del país.
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Sobre este punto, Gómez señaló que la falta de asistencia claramente repercute en los precios finales para la ciudadanía, teniendo en cuenta que anualmente hay un déficit del 50% en frutas y verduras, entonces se recurre a la importación, incluso al contrabando y los precios se distorsionan.
