Las herederas de la propiedad ubicada sobre la calle Oliva casi Montevideo, en Asunción –que fue bautizada como la Casa del Horror por el quíntuple crimen ocurrido en ella–, presentaron una acción ante la Corte Suprema de Justicia y lograron suspender el remate público previsto para ayer. Las mujeres denunciaron una subasta irregular.
A través de su abogada Noelia Núñez, las herederas presentaron una acción de inconstitucional en contra de la subasta de la vivienda, por el valor de G. 208 millones, muy por debajo del precio de mercado, aun cuando en el 2018 fue escenario de un horrendo quíntuple homicidio.
El trágico asesinato de cinco personas se descubrió el 8 de octubre de 2018. Bruno Marabel asesinó a su esposa Dalma Rojas Rodas (23), los hijos de ella, de 4 y 6 años, y a los padres, Elba Rodas y Julio Rojas, todos inquilinos.
El rematador público Mario César Person debía liderar la venta de tres propiedades de las mujeres, entre ellas la Casa del Horror y otra colindante, y una tercera, en la ciudad de Coronel Oviedo.
Las mujeres consideraron que la subasta era resultado de un proceso lleno de “arbitrariedades procesales”, dentro de un juicio por rendición de cuentas que inició José Domingo Villalba Rojas en contra del señor Néstor Andrés Macchi Amarilla (fallecido).
Ante la muerte del demandado, en el 2021, el proceso debía continuar en contra de las herederas: La viuda María Marlyn Villagra y su hija Marlyn Beatriz Macchi Villagra.
Suspendido. Fue el juez Marcelo Rocholl, en lo Civil y Comercial de Asunción, quien determinó que se suspenda la subasta, por pedido de la abogada, atendiendo a que el pasado miércoles se presentó la acción de inconstitucionalidad que suspende los actos, hasta resolverse en la Corte.
Ese mismo día, las herederas denunciaron ante la Fiscalía a la jueza original de la causa, Mafalda Cameron, por supuestas irregularidades en el juicio. Ella se apartó del caso tras la denuncia penal.
La magistrada había dispuesto, el 12 de setiembre del 2025, la suspensión formal del juicio, porque se inició el litigio por la sucesión y este también estaba pendiente de definirse en la Corte.
Sorpresivamente, en agosto de este año se reinició el proceso y el 4 de agosto la jueza Mafalda Cameron ordenó el remate público de los bienes a espaldas –según reclaman– de las herederas.
Las mujeres hablan de una manipulación del sistema informático porque las actuaciones habrían sido visibles solo para el demandante.
