@lizanaliapy
En entrevista con ÚH, el abogado Eduardo Aguayo habla de la falta de representatividad de los asegurados en el Consejo de Administración del IPS, lo que imposibilita el control, y esto permite que continué “el negocio de la salud”.
–¿Cuál es el impacto real de la presión social sobre la Fiscalía en casos de corrupción en el IPS?
–Yo señalé esta contradicción que tiene muchas veces este tipo de situaciones, por el hecho de que nosotros partimos en que el procesamiento es consecuencia de la presión ciudadana y mediática.
Pero al mismo tiempo, sabemos cómo termina este tipo de causas cuando no solamente se involucra a representantes, en este caso del IPS, cuando también está en juego parte del empresariado.
Este es un caso de G. 61.000 millones, lo que equivale en dólares a USD 10 millones y es una de las tantas licitaciones que tiene el IPS.
Para nosotros, es como a una enorme sangría ponerle una curita. O sea, nosotros sabemos que con eso no se van a frenar los detalles de corrupción.
Entonces, creemos que este tipo de procesos tienen una finalidad de intentar bajar un poco el descontento, porque es un hecho que el Gobierno no puede hacer frente a la deuda inmensa que hay en la previsional, producto de tantas administraciones corruptas, incluida la actual.
Pero lo cierto es que esos procesamientos están controlados desde el punto de vista de que ninguno de estos dos ex presidentes vaya a prisión y va a parar a la cárcel, ni va a devolver el dinero.
–¿Qué garantía tiene el asegurado de que IPS va a reflotar?
–Lo que recauda el IPS se difiere en un aspecto que tiene que ver con el porcentaje que va para el rubro de administración, otro para salud y maternidad y otro para jubilación.
Y, lo primero que no existe es un control del uso, de la utilización de ese dinero.
Es decir, la primera medida que debe haber para dar lugar a que los asegurados, tanto activos como jubilados, tengan un control de cómo se utiliza nuestro dinero, es que nosotros tengamos una representación real en el Consejo de Administración del IPS.
–¿Cómo se da la gobernanza del IPS hoy?
–En el IPS está un representante de los trabajadores, que en realidad no es elegido por los trabajadores, sino que elegido por el Ejecutivo de una terna que presentan las centrales obreras, que son unos cascarones vacíos, que son en realidad agentes corruptos, muchos con antecedentes.
De hecho, el representante hasta hace un tiempo, Víctor Insfrán, fue procesado por hechos de malversación cuando estaba al frente de la Caja Bancaria y ese fue el representante de los trabajadores elegido por el presidente (Santiago) Peña.
Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros de control si ni siquiera participamos? Lo primero que hay que cambiar es el método en el que se configura la gobernanza.
Los trabajadores y los jubilados tienen que tener un mayor peso dentro de ese Consejo, tienen que ser elegidos de manera democrática y también se debe establecer el derecho a que se les revoque el mandato si es que estas personas se apartan del cumplimiento de las funciones por las que se les votó.
–¿Se hacen las denuncias contra estos hechos?
–La Contraloría envió un montón de informes, hay sendas denuncias que se han hecho, incluso nosotros presentamos una denuncia ante este mismo fiscal, Julio Ortiz, que es el que imputa a (Jorge) Brítez y a (Vicente) Bataglia.
De todas las empresas que defraudan al IPS, habíamos tomado una, Guardian SA, que creo que ahora son otros los dueños. Pero solo esa empresa tenía una deuda de más de G. 10.000 millones, y nunca fue imputado nadie.
Pero, la pregunta es, ¿por qué operan así y ¿por qué no hay castigo ejemplar? Es muy claro que quienes operaban como representantes del IPS en cargos de presidencia no puede ser que no sepan cómo se opera en las licitaciones.
Y te hablo desde limpieza, insumos, medicamentos, cuestión de seguridad, de todos los rubros, donde hay malversación porque hay sobrefacturaciones.
El nivel de sobrefacturación es impresionante y se convirtió un derecho como el de la salud en un enorme negocio. Hoy hay un abroquelamiento muy duro, porque hay un montón de resortes corruptos dentro de la previsional, en donde existen negocios para todos los colores.
No es solamente que este Gobierno se está beneficiando. Hay un montón de empresarios que no necesariamente responden al cartismo, que parasitan la previsional.
–¿Qué consecuencias deja la corrupción?
–Claramente, muchas veces parece que tan profundo es el nivel de naturalización de los hechos de corrupción que todo termina en el plagueo en los pasillos de los hospitales y después en el oparei.
Pero es claro que hay una vinculación directa entre el saqueo, el robo la corrupción y la falta de medicamentos, porque este dinero que se adeuda al empresariado genera que no haya en stock estos medicamentos o este tipo de infraestructura, como los quirófanos y compañía.
A ello otra vez se suma que cada vez los médicos renuncian al IPS por la situación de precariedad.
No es casualidad que hoy el sindicato médico está de huelga, y los médicos, claramente por la situación de precariedad, muchas veces optan por irse a sanatorios privados y el IPS queda cada vez más desguarnecido, no solamente en materia de medicamentos, sino también en profesionales.
Entonces, al IPS lo están colocando de manera adrede en una situación de descalabro financiero para que se justifique posteriormente privatizar la previsional.
–¿Qué piensa sobre que los del Consejo de Administración no tienen responsabilidad en licitaciones?
–Lo que plantea el fiscal Julio Ortiz (en el caso quirófanos) con respecto a la responsabilidad que tiene el conjunto del Consejo sobre estas licitaciones es imposible intentar decir que hay niveles de conocimiento en cuanto a cómo se opera ahí al interior.
No puede ser que quien está al frente, por ejemplo, representante de los trabajadores, no esté enterado de que existe una licitación en el marco de tal necesidad de ser cubierta.
No es una cuestión que solamente el presidente del IPS lo maneja sin el conocimiento de los demás representantes dentro del Consejo, o sea, plantear eso es una tomadura de pelo.
Eduardo Aguayo
Abogado, especialista en Derecho Penal, Criminología y Ciencias Sociales. Es jurista y consultor de empresas. Coautor de diversas publicaciones de Derecho Penal.
Fue presidente de la Asociación de Asegurados de IPS y es ahora secretario político de la agrupación denominada Insurgencia.
“Se convirtió un derecho como el de la salud en un enorme negocio. Hay un abroquelamiento muy duro, hay un montón de resortes corruptos dentro de la previsional. Negocios para todos los colores”.
