Los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y Yeimy Adle pidieron a la Sala Penal de la Corte no estudiar la apelación general que planteó el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien está acusado por supuesto perjuicio de G. 2.130 millones por supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos.
A través de sus abogados, el jefe comunal de la localidad esteña había apelado la decisión del Tribunal de Apelaciones de rechazar la recusación al juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Esta apelación general ya se había planteado en agosto del 2024 y hasta ahora no hay resolución de la Sala Penal de la Corte.
Por este motivo, los fiscales pidieron que se declare inadmisible el recurso y que se aplique una sanción disciplinaria en contra los abogados por “ejercicio abusivo del derecho”.
Sospechas contra Prieto
Según el Ministerio Público, Miguel Prieto y otras diez personas están supuestamente involucradas en hechos de corrupción. Fueron acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
Se habla de supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en plena pandemia. El perjuicio patrimonial ascendería a G. 2.130.036.160.
La acusación refiere una serie de irregularidades que se habrían cometido en la contratación de la empresa Tía Chela SRL.
Este hecho fue negado por Miguel Prieto desde un comienzo, alegando que todas las entregas fueron fotografiadas y que hay evidencias que lo demostrarían.
