Los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron imputación por presunta extorsión contra los cinco líderes camioneros, quienes fueron detenidos tras solicitar al Gobierno USD 1 millón para no hacer cierres de rutas.
Los detenidos se abstuvieron de declarar el miércoles en la sede del Ministerio Público y los fiscales solicitaron la prisión preventiva de todos, informó la Fiscalía.
Se trata de Ángel Zaracho, de la Federación de Camioneros del Paraguay; Roberto Almirón, titular de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, así como Vicente Medina; Juan Friedelin, quien pertenece a la Federación de Camioneros del Paraguay, mientras que Julio César Solaeche es de la Asociación de Camioneros Ovetenses.
La fiscala Liliana Alcaraz explicó que recibieron una denuncia del ministro del Interior, Federico González, sobre un pedido de dinero que recibió por parte de los líderes del sector camionero a cambio de no realizar medidas de fuerza.
Mencionó que esa solicitud de dinero sería a cambio de que ellos, durante todo el Gobierno actual, dejarían de realizar cierres de rutas.
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En ese contexto, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó un equipo conformado por los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
En el marco de las diligencias iniciadas a partir de la denuncia, la Fiscalía realizó actos de investigación con autorización judicial y registraron reuniones entre el denunciante y las personas, quienes finalmente fueron detenidas en el transcurso del procedimiento.
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Además, el Ministerio Público hizo una entrega vigilada de USD 50.000, que fue previamente autenticada por el Juzgado Penal de Garantías, y durante la operación fueron detenidos los cinco camioneros.
El primer detenido fue Ángel Zaracho dentro de la sede del Ministerio del Interior y luego fueron capturados los demás presuntos partícipes en el interior del estacionamiento privado de la institución.
Según denunció el ministro del Interior, la suma solicitada por el sector sería de USD 1 millón, cifra que se fue reduciendo con el transcurso de las reuniones hasta quedar en USD 300.000.
El dinero que este miércoles se entregó coordinadamente con diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional fue de USD 50.000.
