Se trata de Nilda Cáceres (66), quien permanece detenida y la Fiscalía solicitó su prisión preventiva. La clínica donde trabajaba, situada en la calle Mariscal López frente al Hospital Distrital de Presidente Franco, habría estado operando sin las autorizaciones legales y sanitarias correspondientes, poniendo en peligro la vida de varias mujeres.
“Según los antecedentes del caso, se tienen sospechas fundadas de que Nilda Cáceres, hasta el 6 de setiembre de 2024, habría causado la muerte de varios fetos y expuesto a mujeres a serios riesgos de muerte y lesiones graves en la clínica ubicada sobre la calle Mariscal López, frente al Hospital Distrital de Presidente Franco”, refiere el informe de divulgado por el Ministerio Público.
El caso salió a la luz gracias a una denuncia anónima recibida en la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes a través de la línea telefónica 147 (Fono Ayuda). La denuncia advertía sobre la existencia de un establecimiento que operaba las 24 horas y realizaba procedimientos quirúrgicos ilegales.
“Se presume que el local operaba sin las debidas autorizaciones y que se utilizaban medicamentos no aprobados, incumpliendo las normativas sanitarias establecidas”, agrega el informe.
El lugar realizaba procedimientos quirúrgicos incluso a niñas y adolescentes, además, hay sospechas de que el establecimiento estaría involucrado en tráfico de órganos humanos.
La fiscala, acompañada por agentes policiales, ejecutó un allanamiento en la clínica el viernes 6 y madrugada del 7 de septiembre. Durante el procedimiento, se incautaron diversas evidencias que respaldan las acusaciones, como instrumentos quirúrgicos, tejidos humanos sospechosos, un bulto que podría ser un coágulo de sangre, medicamentos controlados y otros materiales médicos.
Además, se encontraron ecografías y registros de pacientes, lo que sugiere que la clínica estaba en funcionamiento y atendía a un número considerable de personas. En este contexto, la imputación contra Cáceres se fundamenta en la existencia de indicios que apuntan a su responsabilidad en la comisión de los hechos punibles. La investigadora ha solicitado al juzgado penal de garantías que ordene la prisión preventiva de la mujer.
