EFE
Las consecuencias de aquellos sucesos se trasladaron este mes al exterior, a Uruguay, con la solicitud de asilo político de cuatro imputados, todos jóvenes militantes del Partido Liberal, el mayor de la oposición.
Y se están manifestando también en críticas de parte de la oposición al presidente Horacio Cartes, acusado por esos sectores de injerencia y de señalar al Ministerio Público los pasos a dar con relación al ataque al Congreso.
La Fiscalía investiga por un lado esa agresión, cuando manifestantes se enfrentaron con la Policía después de que 25 senadores aprobaron ese mismo día el polémico proyecto de reelección presidencial, que sancionaron a puerta cerrada y sin la presencia del resto de legisladores.
Y por otro lado indaga la muerte horas después de Rodrigo Quintana, de 25 años, durante el asalto policial a la sede del Partido Liberal, quien cayó abatido supuestamente por el disparo de un agente.
En la primera causa, la Fiscalía imputó en abril a 24 personas, 16 de las cuales fueron acusadas de presunta perturbación a la paz pública por los destrozos e incendio en el Congreso.
Pero este mes el Partido Liberal denunció una persecución a sus militantes por la Fiscalía tras la detención de Stiben Patrón, imputado sobre el supuesto de que estaba fabricando cócteles incendiarios en la sede de la formación.
La imputación se basó en unas imágenes grabadas horas después del incendio del Congreso, y en el que se ve a Patrón junto a otras personas con materiales de presunto contenido inflamable, según la Fiscalía.
Días después, cuatro militantes de ese partido, también imputados en esa causa, solicitaron asilo político en Montevideo ante las “presiones indebidas sobre el Poder Judicial” en Paraguay.
En cuanto a la causa de la muerte de Quintana, la investigación parece haberse parado tras la imputación de tres uniformados.
Uno de ellos es Gustavo Florentín, el oficial que presuntamente abatió al militante de un disparo de escopeta, y el segundo es el comisario Tomás Paredes, encargado del grupo que irrumpió en la sede del partido.
El tercero es el agente antidisturbios Guido Amarilla, acusado por supuesto delito de tentativa de homicidio doloso por haber realizado disparos de balines con su escopeta en el interior de un aseo en donde había personas.
En ese contexto, los liberales acusan a la Fiscalía de emprender una caza de brujas contra su partido por órdenes de Cartes y de no actuar con el mismo rasero en la causa por la muerte de Quintana.
De acuerdo con la dirección del Partido Liberal, el Ministerio Fiscal demostró estar supeditado al jefe del Ejecutivo cuando este, en un acto interno del Partido Colorado, se pronunció a favor de la detención de Stiben Patrón.
Días después Patrón era arrestado y encarcelado en la prisión de Emboscada, a unos 40 kilómetros de Asunción.
La pasada semana, en otro acto colorado, Cartes dijo, sin mencionar sus nombres, que había dos periodistas que debían estar en prisión, en relación a un popular matrimonio de comunicadores televisivos que transmitieron en directo los incidentes del Congreso del 31 de marzo.
Ambos periodistas habían sido acusados entonces por algunos referentes del gobernante Partido Colorado de incitar a la gente a movilizarse frente al Congreso para protestar contra la polémica votación de los 25 senadores a favor de la reelección presidencial.
Las expresiones de Cartes se realizaron en el contexto de las elecciones internas del Partido Colorado de cara a las generales de 2018, en las que el mandatario respalda al exministro de Hacienda Santiago Peña, su precandidato a la Presidencia.
Se trata de un escenario electoral que ha difuminado la acción de Gobierno y está caldeado por las consecuencias de ese proyecto de reelección, cuya estela sigue presente pese a que fue enterrado por Cartes cuando aseguró que no se presentaría bajo ningún caso a esos comicios.
