El Ministerio Público informó en la tarde de este miércoles acerca de la disposición de su titular, Emiliano Rolón, a partir de la denuncia de más de 250 títulos universitarios de la carrera docente confirmadas por el MEC como falsos tras verificaciones realizadas con las propias universidades y 300, sospechosos.
La cartera de Educación comunicó a la Fiscalía al respecto la semana pasada.
La investigación de la denuncia estará a cargo de un equipo, conformado por los fiscales Teresa Sosa, titular de la Unidad Penal N° 20 y Juan Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal N° 17, ambos de la Sede 1 de Asunción.
La coordinación y dirección del equipo de trabajo estará a cargo de Teresa Sosa y será supervisado por el fiscal adjunto Augusto Salas, quien coordinará las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos denunciados y al eventual ejercicio de la acción penal pública.
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La nueva disposición del fiscal general del Estado además dispone que los antecedentes sean enviados a los investigadores de la causa.
Según la Fiscalía, la medida fue adoptada tras la denuncia presentada el 19 de junio de 2026 por un abogado en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, conforme a los antecedentes remitidos por la Dirección del Gabinete Fiscal.
El ministro de Educación y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Luis Ramírez, informó el pasado 15 de junio que más de 250 títulos universitarios de la carrera docente fueron confirmados como falsos tras verificaciones realizadas con las propias universidades.
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En ese marco, se estima que debido a un presunto esquema de expedición y utilización de títulos universitarios falsos la cifra podría alcanzar unos 1.500.
La Cámara de Senadores también conformó una comisión especial para indagar los casos tras el escándalo desatado en torno a la Universidad Sudamericana, con la emisión de títulos presuntamente falsos, entre ellos del ex senador Hernán Rivas, quien se vio obligado a renunciar para continuar con su proceso judicial.
Aquellos maestros, cuyos títulos universitarios se confirmó que eran falsos por el MEC, serán apartados mientras dura el proceso judicial.
