12 jul. 2024

Fiscalía apela sentencia de los caseros de Tomás Rivas

La Fiscalía apeló la sentencia de los tres caseros del diputado Tomás Rivas, condenados a dos años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la pena.

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Los caseros de oro del diputado Tomás Rivas.

Foto: Daniel Duarte

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez presentó un recurso de apelación especial contra la sentencia definitiva del 28 de junio pasado que condenó a dos años de cárcel a Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero.

La sentencia apelada fue emanada por un tribunal integrado por los jueces Inés Galarza Careaga (presidente), Víctor Manuel Medina Silva y Olga Elizabeth Ruíz González (miembros), informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Nota relacionada: Tribunal condena a caseros de oro del diputado Tomás Rivas

El documento advierte que “no se discute ni se pretende la modificación, alteración o variación con relación a la participación y posterior condena de Lucio Romero, Reinaldo Chaparro Penayo y Nery Antonio Franco González”, sino que la apelación es con relación a la cantidad de la pena impuesta a los condenados.

Piñánez había solicitado en el juicio cuatro años y medio de cárcel para Chaparro y Franco, y cuatro años de encierro para Romero. Sin embargo, los tres caseros del diputado Tomás Rivas fueron condenados a dos años de cárcel con la suspensión de la ejecución de la pena. Este fue el segundo juicio, a pesar de que fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios.

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En el primer juicio, Reinaldo Chaparro tuvo tres años de pena; Nery Franco y Lucio Romero tuvieron dos años y medio, con lo que debían ir a prisión. Estas penas fueron anuladas, por recursos de apelaciones, los primeros días de diciembre del 2020, aunque se confirmó que eran culpables del delito de estafa.

En el caso conocido como el de los caseros de oro se demostró la estafa en contra del Estado, ya que los condenados percibían salario sin trabajar en la Cámara de Diputados. En el caso de Franco el perjuicio fue de G. 24 millones, de Chaparro de G. 16.937.080, y de Romero de G. 16.895.830, por los salarios cobrados sin prestar servicios al Estado.

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