El fiscal Carlomagno Alvarenga llevó a cabo dos procedimientos en las localidades de Vallemí y San Lázaro, en Concepción, tras la denuncia de pobladores, quienes reclaman supuestos impactos ambientales producidos por la Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa denominada Calpar SA, dedicada a la producción de cal agrícola dolomítica y yeso.
Los allanamientos fueron desarrollados en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
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Según la denuncia, el traslado del material utilizado (carbón mineral) por la INC, denominado pet coke, produce un polvo que queda impregnado en la calle, en las casas, techos y paredes, así como un supuesto olor, por lo que los habitantes requieren la prohibición del traslado por las zonas urbanas.
De acuerdo al informe de los intervinientes, en la primera incursión se constató que habitualmente este material era transportado en embarcaciones vía fluvial; sin embargo, debido a la bajante del río Paraguay, el ancladero no puede ser utilizado.
Por ello habilitaron otra zona de desembarque, descargando directamente en los camiones para trasladar el producto hasta la fábrica.
Verificación
“La Fiscalía lo que hizo fue la verificación, hizo un recorrido de, primeramente, el lugar donde la empresa estuvo descargando y el trayecto hasta la fábrica para hacer las mediciones correspondientes; el mapeo específicamente. También dentro de la fábrica se llegó al lugar donde se deposita el material”, explicó el fiscal.
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Alvarenga anunció que solicitará informes a un profesional químico de la Dirección Especializada de Medio Ambiente; otro informe al Centro Nacional de Toxicología con relación al producto en sí, así como informes a hospitales y centros de salud, tanto de Vallemí como de Concepción, para saber si es que hubo gente internada o que ha realizado consultas por haberse visto afectada por el producto.
Por otra parte, los habitantes de San Lázaro denunciaron que una fábrica trituradora de piedra, ubicada en el lugar, genera gran cantidad de polvo que afecta la calidad de vida. Los moradores afirman que no pueden sentarse frente a sus casas durante las horas de operación de la fábrica.
“En la denuncia se mencionaba también que en el lugar se produce cal agrícola, el encargado negó que estén produciendo, dijo que solamente se dedican a triturar piedras, tienen permiso para realizar, pero solo se dedican a triturar piedras. No se encontró evidencia realmente de cal agrícola en el sitio”, agregó el fiscal.
