La comitiva fiscal hizo una copia de todo el sistema informático de la Caja Municipal; así también, llevó libros de entrada y salida, entre otros documentos.
La investigadora Luz Guerrero comentó que, de acuerdo con la denuncia, se estaba retirando dinero en concepto de devolución de aportes, formando legajos en nombre de afiliados sin que estos retiren los montos consignados.
En otras palabras, explicó que los cheques correspondientes a aportes eran endosados supuestamente por los afiliados, pero otras personas iban hasta el banco a cobrar. En ese sentido, se investiga la falsificación de firmas, unas 277 en total.
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Con este esquema se retiraron aproximadamente G. 10.000 millones de Caja Municipal a nombre de los afiliados.
Luego del incendio ocurrido en mayo pasado en sus oficinas, se abrió una auditoría que detectó las irregularidades que ya habían denunciado anteriormente los funcionarios y jubilados municipales.
El retiro y cobro ilegal de aportes se habría dado entre el 2020 y 2023 por parte de funcionarios del área de administrativa y de finanzas.
La Contraloría General de la República desnudó un festival de irregularidades en el ejercicio 2023 de la entidad previsional, que se encuentra en quiebra y con problemas para pagar las jubilaciones. Uno de los puntos más llamativos es que existe una cartera de préstamos no registrados contablemente por un total G. 50.466.038.590, unos USD 6,6 millones al cambio actual.
