Los fiscales Martín Cabrera y Victoria Acuña son los responsables de la causa.
Fueron imputadas en total 10 personas, entre los miembros del Comité de Evaluación del Ministerio del Interior y 2 representantes de la firma Proibérica, empresa que vendió los helicópteros al Estado.
La compra de helicópteros para la Policía Nacional por parte del Ministerio del Interior se realizó durante el gobierno de Fernando Lugo.
El 2 de mayo pasado, los fiscales se constituyeron en el Ministerio del Interior, donde recabaron cinco biblioratos de documentos que confirman que en total la secretaría de Estado pagó 10 millones de dólares a la firma Proibérica S.A. para la adquisición de tres helicópteros marca Robinson.
Si bien la denuncia fue presentada por los senadores colorados en contra de Rafael Filizzola, quien autorizó la compra durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, también afecta a su primo Carlos Filizzola, quien realizó parte del pago acordado a Proibérica cuando fue ministro.
Los fiscales solicitaron igualmente al juez penal, el desafuero actual del senador Carlos Filizzola.
La imputación es por lesión de confianza, por el hecho punible contra el patrimonio. La Fiscalía alega que existe un perjuicio al Estado de G. 50.062.368.788.
También están imputados por la Unidad Anticorrupción, la presidenta directora de la UOC, Andrea Adle; director general de Administración y Finanzas, Aníbal Muñoz; director jurídico, Ricardo Lugo; director financiero, Juan Diego Fernández; director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; director administrativo, Tiburcio Abundio Martínez. Igualmente están imputados, Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, representantes de Proibérica S.A.
