05 jul. 2026

Fiscala general pide mesa de diálogo sobre ley que penaliza invasiones

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, apeló a la conformación de una mesa de trabajo para dialogar sobre una eventual modificación a la ley que penaliza las invasiones. Esto, luego de las sendas críticas de la Iglesia Católica a la normativa, durante las festividades de Caacupé.

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Sandra Quiñónez estuvo presente en Caacupé durante las festividades de la Virgen, donde la Iglesia Católica criticó duramente la ley que criminaliza las invasiones de inmuebles.

Foto: Gentileza.

Sandra Quiñonez reflexionó sobre el mensaje de la Iglesia Católica durante las festividades de la Virgen de Caacupé, principalmente en lo que se refiere a los desalojos de campesinos e indígenas.

La fiscala general del Estado reconoció que se requiere de un nuevo diálogo sobre la ley que criminaliza las invasiones.

“Tiene que hacerse un estudio, justamente hablando con algunas autoridades, les dije que tenemos que hacer una mesa de diálogo y exponer los diferentes puntos de vista. Ahí podríamos llegar a un acuerdo de realizar un buen trabajo y un proyecto que no perjudique a nadie”, expresó.

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La titular del Ministerio Público señaló que el problema de las ocupaciones es complejo. “Tenemos gente que reclama su propiedad privada y quienes dicen que estas son suyas. Eso se debe bajar en una mesa de trabajo y dialogar sobre ello”, insistió.

Sandra Quiñónez, quien conversó con los medios tras participar del acto por el Día de la Fuerza Aérea Paraguaya, aprovechó la ocasión para clamar por mayor presupuesto para la institución.

Por otro lado, la funcionaria aseguró que constantemente están combatiendo contra la corrupción interna en el Ministerio Público.

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Uno de los ejes centrales de las homilías durante el novenario de la Virgen de Caacupé fue la preocupación de la Iglesia hacia la ola de desalojos de indígenas y campesinos.

La ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, eleva las penas por invasiones de inmuebles, por lo que estas se convierten en crimen. A través de ella, quienes ocupan propiedades ajenas se exponen hasta a 10 años de prisión.

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