La fiscala Daisy Sánchez refirió que denunciará ante la Inspectoría del Ministerio Público a la secretaria del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público (Simipar), Carolina Palacios, ante las presuntas transgresiones a las normas de protección a los menores en situación de vulnerabilidad o víctimas de hechos punibles.
Esto guarda relación con la denuncia hecha por la secretaria general del Simipar, Carolina Palacios, quien indicó que Axel Emiliano Rolón, hijo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, tiene privilegios de parte de este, estando acusado de abuso sexual en niños.
La fiscala Sánchez dijo que Palacios refirió en la nota que emitió que se trataba de una herida de un centímetro, al que tajantemente la agente indicó que “es realmente falso” y que podría tratarse de alguna alergia o estreñimiento de la criatura, por alguna picazón, por falta de higiene.
Además, la fiscala refirió que la secretaria omitió otros aspectos de la inspección realizada al niño por parte del forense.
“Yo le llamo a la doctora a declarar en el Ministerio Público y ella refiere qué significa, porque primero fue atendido en un hospital privado de Asunción, pero siempre es la madre refiere que el niño dijo; nunca un psicólogo o nunca un profesional dijo que el niño dijo realmente”, explicó la agente.
Menciona también que no existe un informe contundente de que el niño haya manifestado que es víctima de abuso sexual.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mencionó que el hecho viene a consecuencia de una ruptura de relación entre padre y madre que generó muchos inconvenientes.
“Tanto papá como mamá empezaron a denunciarse por diferentes motivos del cual siempre me mostré totalmente prescindente, no formo parte del clan, del clan de problemas voy a decir, porque sencillamente el interés superior del niño es lo más relevante”, aclaró el jefe del Ministerio Público.
Comunicado. La Oficina Técnica de Género del Ministerio Público emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante el tratamiento de la información sensible que guarda relación con niños, niñas y adolescentes que se encuentran involucrados en un proceso judicial y otros.
“La Oficina rechaza y denuncia que funcionarios de la institución accedan, manipulen y difundan datos, falsos o verdaderos, concernientes a los niños, niñas y adolescentes insertos en un proceso penal”, indicaron.
