Víctor Ortiz Benítez
@pinchi_ortiz
Los mejoramientos de rutas cuestan entre USD 1 a 1,2 millones el kilómetro, según expertos en obras públicas. No obstante, algunas empresas nacionales presentaron presupuestos tan elevados que el kilómetro terminó costando USD 1,5 millones en promedio.
Esto, sucedió en el llamado a licitación con ID 417011 denominado: “Contratación de empresas constructoras para el diseño, construcción y mantenimiento por niveles de servicios de la ruta PY15 tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo y accesos a Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón”, publicado en marzo del 2023.
En aquel llamado, se presentaron seis consorcios, de los cuales, cinco presentaron ofertas con un incremento entre el 15% al 18% del precio referencial. En ese entonces, solo dos consorcios, que presentaron estas ofertas elevadas, quedaron con lotes, entre estos grupos se encontraban las firmas: Rovella y Heisecke, ambas empresas que hoy aspiran a quedarse con el llamado para la ampliación de la ruta PY01 por USD 480 millones.
En el llamado 417011 también se presentaron, dentro de consorcios, empresas, como Tecnoedil, Ocho A, Construpar, que dentro del Consorcio Avanza Chaco presentaron ofertas superiores entre 12% al 17,3% del precio referencial. También se presentaron las firmas Tocsa y Concret Mix, dentro del consorcio TEC, con ofertas entre el 15,9% al 17% superiores al precio referencial.
Si bien estos dos consorcios no quedaron adjudicados en el llamado de la ruta PY15, ahora vuelven a presentarse para las ampliaciones de la ruta PY01. La preocupación pasa por el hecho de que vuelvan a presentar ofertas elevadas y terminen siendo adjudicadas atendiendo la falta de competencia (solo cinco consorcios fueron precalificados y estas empresas están en cada una de ellas).
Lava jato. En torno a la licitación de la ruta PY01 existen una serie de cuestionamientos. Una de las principales es que firmas ligadas al Lava Jato aspiran al millonario contrato. Dos empresas brasileñas vinculadas al mayor caso de corrupción de ese país aspiran a quedarse con lotes de una licitación de USD 480 millones. Se trata de Álya Constructora SA (Ex Queiros – Galvão) y AG Construções e Serviços.
La primera fue declarada como “empresa no idónea”, a fines de enero del 2020, por la Contraloría General de Brasil para suscribir contratos públicos con el Gobierno brasileño por su implicación en hechos de corrupción. La firma es una importante constructora con obras en diferentes países de América Latina y África. La medida fue adoptada debido a que la constructora actuó “en defensa de intereses oscuros y particulares, de forma concertada y engañosa, para frustrar, desviar y defraudar licitaciones de Petrobras en complicidad con otras empresas”, según reza el comunicado publicado en ese entonces. Álya Constructora SA integra el Consorcio Rutas del Mercosur con Tecnoedil SA, Construpar SA y Semisa Infraestructuras SA.
La otra firma es AG (Andrade Gutierrez) Construções e Serviços. En el 2018, esta constructora brasileña firmó un acuerdo de clemencia con las autoridades en el que se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.490 millones de reales (USD 382 millones) por daños y perjuicios.
Esa cantidad deberá ser pagada en un plazo de 16 años en concepto “de daño, enriquecimiento ilícito y multa en el marco de 54 contratos fraudulentos envolviendo recursos públicos federales”, procedentes principalmente de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado del Ministerio de Transparencia y la Abogacía General de la Unión (AGU) en ese momento.
AG Construções e Serviços forma parte del Consorcio AG-Tocsa. Justamente, esta última empresa acompaña a la firma brasileña en el consorcio.
480 millones de dólares es el monto presupuestado por Obras Públicas para la ampliación de la ruta Paraguay 01
17 por ciento superiores al precio referencial son algunas de las ofertas presentadas por las empresas.
