En el caso, la fiscalía sostiene que hubo un desvío de fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, por más de G. 1.100 millones, que se registraron en el periodo en los que el legislador colorado Esteban Samaniego se desempeñaba como intendente de esa comuna.
La vez anterior, inició la audiencia, pero hubo una recusación contra el juez Humberto Otazú, por lo que se tuvo que suspender la audiencia. Recién cuando se destrabó el caso, que incluso llegó a la Sala Penal de la Corte, se pudo fijar nuevamente la diligencia.
En la causa, el fiscal Silvio Corbeta había acusado a la madre y la esposa del diputado colorado dentro del marco de la pesquisa por supuestos de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La investigación fiscal sobre la gestión de Samaniego no pudo prosperar, por el pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados no se dio.
La fiscalía acusó Patricia Corvalán, actual intendenta y cónyuge del legislador, porque –según dice– logró probar su implicancia en el esquema que desvío de la comuna G. 1.108.599.918, entre los años 2017 y 2018, cuando Samaniego se desempeñaba como jefe comunal.
Alega el agente que el dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego - Corvalán, de dos plantas, de 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción. El terreno es de la madre del diputado, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, también acusada.
En el caso, además de las citadas esposa y madre de Samaniego, fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Brítez.
Asimismo, se pidió juicio oral por administración en provecho propio y asociación criminal para Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.
Finalmente, por asociación criminal fueron acusados Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que, por administración en provecho propio, fueron acusados Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
La última vez que se trató de hacer la preliminar, la defensa había recusado al juez Humberto Otazú, con lo que recién tras destrabarse la causa se pudo fijar fecha y hora para la preliminar.
