26 may. 2024

Falta compromiso de servidores públicos para con la ciudadanía

El presupuesto aprobado por el Parlamento para el año 2022 contempla un incremento de 300 millones de dólares con respecto al 2021. Una parte importante se dirige a funciones esenciales y muy necesarias para el desarrollo y bienestar del país, como la salud, la educación y los juzgados de Paz. Sin embargo, se dan en un contexto de ausencia de carrera del servicio civil, sin mecanismos de control y transparencia, y en un año electoral, lo que aumenta los riesgos de prebendarismo político. Las autoridades deben comprometerse con la ciudadanía y garantizar una asignación correcta de estos recursos. La Función Pública exige el compromiso de los servidores públicos con la población. Esto implica la prestación de los servicios de manera responsable, sobre todo, teniendo presente que los receptores de sus servicios no son “beneficiarios”, sino titulares de derechos.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) ya no tiene espacio para la irracionalidad o el clientelismo. Así como está no responde a las necesidades ciudadanas. El PGN como principal instrumento de la política fiscal no está siendo útil para garantizar los derechos de la ciudadanía que con su esfuerzo financia los gastos.

No hay que olvidar que la principal fuente de financiamiento, los tributos, se sostiene con impuestos indirectos; por lo tanto, el peso del PGN recae de manera desproporcionada en la población que justamente más necesita y cuyos derechos están más vulnerados.

Justamente este sector de la población es el que utiliza los servicios de salud y educación. Pero para que estos tengan beneficios sustanciales se requiere de un servicio civil comprometido y profesionalizado.

Sin una carrera del servicio civil, los recursos adicionales corren el riesgo de no repercutir en beneficio de la ciudadanía. Un aumento salarial a docentes y personal de salud, que no cuentan con las competencias necesarias, sin mecanismos de monitoreo y evaluación que verifiquen su desempeño y resultados, no se revertirá en mejores servicios.

En el caso de los docentes, el aumento se distribuirá para todos por igual, sabiendo que una proporción importante de ellos no reúne las condiciones mínimas para ejercer tal función. Las evaluaciones docentes han sido claras al señalar su bajo nivel de calificación, evidencia que condice con los magros logros educativos de los estudiantes.

Si bien se puede señalar que el aprendizaje no depende solo de las credenciales educativas de los docentes, no se puede obviar el rol determinante de los mismos en el proceso educativo. Si estos no funcionan, no hay medidas adicionales o complementarias que puedan contrarrestar la baja calidad del ejercicio de la docencia.

En el caso del personal de blanco, la situación no es muy distinta. No es un sector que se haya mantenido al margen de las contrataciones y promociones prebendarias. Tampoco existen mecanismos que permitan evaluar el desempeño y las condiciones laborales. No hay forma de que un médico preste un buen servicio si acumula un número excesivo de horas de trabajo y peor aún si es deshonesto y sus horarios se superponen.

Los juzgados de Paz son el contacto más cercano del sistema de Justicia con la ciudadanía. Allí llegan problemas sumamente graves en la actualidad, como la violencia contra las mujeres y la niñez, y que deben afrontarse con celeridad para que no acaben en la muerte de los afectados. Su rol en la comunidad no es menos relevante que los anteriores, por lo que es importante mejorar su funcionamiento.

Más allá de garantizar las capacidades profesionales mínimas para el cargo, la Función Pública exige el compromiso de los servidores públicos con la población. Esto implica la prestación de los servicios de manera responsable, con calidad y, sobre todo, teniendo presente que los receptores de sus servicios no son “beneficiarios”, sino titulares de derechos y quienes con su trabajo pagan sus salarios.

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