EFE
Este lunes, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, cuestionó al juez que rechazó la culpabilidad de los cinco condenados, al afirmar que “tiene algún problema singular” y que “todos lo saben”.
Un tribunal de Pamplona, ciudad donde ocurrieron los hechos en los Sanfermines de 2016, condenó el pasado día 26 a los acusados a nueve años por abuso sexual y no por agresión (violación), lo que causó un gran rechazo social, al que se unieron los partidos políticos.
Pero aún provocó más indignación el voto particular de uno de los jueces, quien en su escrito afirmó que en los vídeos que se presentaron como prueba solo observa a cinco varones y una mujer practicando “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.
El ministro, que ayer se mostró convencido de que habrá una “resolución justa” cuando el caso se recurra ante un tribunal superior, consideró hoy en una entrevista radiofónica, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de los jueces- “debería haber actuado preventivamente” contra el magistrado Ricardo González.
Catalá afirmó que la labor del CGPJ es “ver si está en plenas facultades para ejercer su labor” el juez que en su voto particular abogaba por la absolución de los cinco integrantes de “La Manada”, aunque rehusó explicar cuál es el problema que tiene ese magistrado.
El CGPJ suspendió a González en 2001 durante seis meses por retrasos injustificados y reiterados en procedimientos de divorcio y separación de los que se había ocupado en los años 90, pero no ha sido expedientado en los últimos cuatro años.
En la sentencia contra los cinco jóvenes, autodenominados como “La Manada”, el tribunal consideró -por mayoría- que había habido abuso sexual continuado al entender que se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de violencia ni intimidación, condiciones para que se considerara agresión sexual (violación), según el Código Penal español.
El ministro reconoció este lunes que la línea entre violencia e intimidación “es muy sutil y provoca resultados como los que hemos visto estos días”, pero se mostró sorprendido por la reacción de jueces y fiscales a sus críticas a la sentencia.
Desde que se conoció el fallo y arreciaron las críticas contra el mismo, todas las asociaciones de jueces defendieron a los magistrados del tribunal, al considerar que esos juicios deslegitiman al Poder Judicial.
Este lunes las siete asociaciones de jueces y fiscales de España solicitaron en bloque la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre el juez que emitió el voto discrepante, al considerar que es una intromisión del Gobierno en las resoluciones judiciales.
El “verdadero peligro”, sostienen las asociaciones, es “la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor”.
El ministro de Justicia, además de cuestionar al magistrado discrepante de la sentencia, se mostró “partidario de que las leyes se adapten a la realidad” y consideró que “si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar”.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este lunes que, tras la sentencia de La Manada, el Gobierno está analizando la tipificación de los delitos sexuales por si hay “que mejorar o adaptar el Código Penal”.
Esta opción se está barajando por los políticos, aunque representantes de la judicatura advierten de que es peligroso legislar “en caliente”, tras una sentencia controvertida, como advirtió hoy la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, partidaria de hacerlo desde “el sosiego y la reflexión”.
Desde que se conoció la sentencia, miles de personas han salido a las calles de toda España para protestar, al grito de “No es abuso, es violación” y “yo sí te creo”, al considerar que el tribunal cuestiona la credibilidad de la víctima.
Como reacción, el Gobierno español se ha mostrado dispuesto a consensuar con las principales fuerzas políticas una posible reforma del Código Penal, con el objetivo de adaptar las leyes a las demandas de la sociedad, que exige una “tolerancia cero” contra las agresiones a las mujeres
