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Facturas falsas: DNCP verificará obras de superproveedor para municipios

La Dirección de Contrataciones Públicas verificará los 295 contratos de un superproveedor del Estado, que facturó unos G. 57.000 millones a 20 instituciones públicas, entre ellas municipios y una gobernación.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, expresó a Monumental 1080 AM que están esperando los contratos físicos del superproveedor del Estado que registró incoherencias en el control de ingresos y gastos y fue detectado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

En ese sentido, dijo que lo importante para Contrataciones Públicas es verificar que los contratos hayan sido ejecutados y que no haya sido un simple paso de papeles.

“Tributación nos dice como indicio que no hay comprobantes de que se haya invertido nada en cumplimiento de esos contratos y eso nos dice que hay algo muy raro ahí y en el peor escenario podría ser un simple paso de papeles, te doy mi factura, me pagás mi factura y no hay cumplimiento de contrato”, remarcó.

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Asimismo, indicó que los contratos son del periodo entre el 2014 y el 2021 y que efectivamente cuentan con funcionarios para verificar las obras, pero que será un trabajo extenso en tiempo y distancia, ya que los contratos están repartidos por todo el país.

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Seitz anunció que buscarán coordinar con la Contraloría General de la República para la verificación de las obras, mientras que también existen contratos de servicios y mantenimientos, los cuales son más difíciles de verificar, porque se realizan cambios pequeños.

Entre otras cosas, mencionó que desde Contrataciones Públicas ya estaban realizando un análisis de manejo de grandes datos, similar al nuevo sistema de Tributación que detectó la irregularidad, y que el proveedor en cuestión ya se encontraba siendo investigado.

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Sobre el punto, detalló que habían abarcado desde el año 2017 aproximadamente y que encontraron que de 89 contratos, en 80 de ellos el proveedor no tuvo competencia alguna en los llamados de contratos, por lo que estaba acaparando casi el 90% de los mismos en los rubros de mantenimiento y obras.

“Había ya un comportamiento anómalo y se sumó a eso el pedido de información de la SET y ahora se cierra el círculo”, remarcó.

También sostuvo que el caso amerita una investigación integral que incluirá al Ministerio Público, ya que hay responsabilidades de todo tipo, que incluirían también a funcionarios públicos en la medida que se detecten las irregularidades, como la no ejecución de contratos.

Para Seitz, la manera de reducir este tipo de hechos es con tecnología, ya que se detectaron 295 contratos de un universo de 15.000 contratos al año.

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En el marco del operativo Facturación II, la SET detectó una red que habría emitido unas 1.600 facturas falsas que totalizan un monto aproximado de G. 170.000 millones, mediante el sistema Big Data.

Entre las firmas detectadas, resalta una unipersonal de Cristino Jara, cuyo movimiento no condice con la humilde vivienda que figura en los documentos. Jara facturó G. 57.000 millones a diferentes entes públicos, entre ellos unos 17 municipios y una gobernación.

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