En la sesión del pleno del máximo tribunal, el ministro Eugenio Jiménez Rolón refirió que la auditoría realizada corroboró nueve casos donde existían irregularidades en las entregas de los rodados por parte de magistrados de Garantías de Concepción.
El ministro que ejerce la Superintendencia de la circunscripcion de ese primer departamento, refirió que, además, el trabajo arrojó como resultado que solo un juzgado es el que incurrió en los hechos y que la titular del mismo ya no es funcionaria judicial.
Según las investigaciones, el modus operandi que se pudo descubrir habría consistido en la entrega de vehículos de alta gama, robados en Brasil, en carácter de depositario judicial a efectivos de la Policía y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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Ante estas circunstancias, Jiménez Rolón propuso la remisión de los resultados de la auditoría al Ministerio Público para que inicie una investigación ante la posibilidad de que se hayan registrado hechos punibles.
Al final, los demás ministros de la Corte estuvieron de acuerdo con la propuesta por lo que se dispuso remitir los antecedentes de la auditoría realizada a la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente.
Según la auditoría, las resoluciones de entrega de los rodados fueron confeccionadas en formato papel en fechas en las que ya estaba operativo el expediente electrónico, lo que apunta a la invención de causas judiciales.
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El caso salió a la luz tras un accidente de tránsito en el que se constató la tenencia de un automotor en calidad de depositario judicial. Del cruzamiento de los datos se descubrió que la resolución judicial no correspondía al expediente original.
Los vehículos entregados son de alta gama, como camionetas robadas en Brasil a jueces, fiscales, suboficiales y políticos locales con firmas, sellos o nombres falsificados, según las denuncias.
Entre los casos investigados está el denunciado por el fiscal antidrogas Celso René Morales. La ex magistrada involucrada en el caso sería Honorina Acosta.