A través de un comunicado, el movimiento político Tetãgua Sapucai rechazó las afirmaciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre las “invasiones” de Paraguay al Brasil, Argentina y Uruguay, al inicio de la Guerra de la Triple Alianza, afirmando que son erróneas y carecen de contexto histórico.
Sostienen que la región del actual Mato Grosso fue históricamente ocupada por España y administrada desde Asunción y no por Portugal. El movimiento recuerda el pasado expansionista de los grupos “mamelucos” y “bandeirantes”, a quienes acusan de invadir áreas españolas para capturar esclavos y expandir el imperio portugués mediante el terror.
Asimismo, aclaran que el movimiento de tropas paraguayas al inicio de la Guerra de la Triple Alianza no fue una invasión, sino un acto de defensa ante la agresividad brasileña y su ingreso a Uruguay.
Como prueba adicional de este “espíritu expansionista”, citan la invasión de fuerzas brasileñas en la zona de Puerto Renato en 1965, que culminó con la mediación de EEUU y la posterior creación de Itaipú.
Ante esto, el movimiento exige que el presidente Lula se rectifique de sus aseveraciones.
“Cobardía y corrupción”
El comunicado no solo apunta al exterior, sino que reclama al Gobierno paraguayo su “inacción” y “falta de patriotismo” ante las declaraciones brasileñas.
El movimiento califica de “tibia” la postura oficial, sugiriendo que las autoridades priorizan beneficios económicos personales sobre la soberanía nacional.
Entre las denuncias más graves, se menciona la crisis en la salud pública y la falta de medicamentos por deudas con farmacéuticas.
El texto hace especial énfasis en la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciando que los aportes jubilatorios se han destinado a capitalizar bancos privados, mencionando específicamente al Banco ueno, del cual recuerdan que el actual presidente de la República era accionista mayoritario.
Crisis social y abandono institucional
La organización política también resalta el fracaso de programas sociales y la inseguridad reinante:
Educación: Denuncian que el programa Hambre Cero no llega a las zonas rurales y que muchos alumnos dan clases bajo carpas o en ruinas.
Seguridad: Citan la falta de protección por parte de la Policía Nacional, ejemplificada en el asesinato de la niña Rosalín.
Presupuesto: Señalan una “total falta de seriedad” al no presentarse el Presupuesto General de Gastos de la Nación al Parlamento en el tiempo constitucional establecido.
Vulnerabilidad: Acusan el abandono de los pueblos indígenas (INDI) y campesinos (Indert), así como la persecución a adultos mayores durante sus protestas.
El comunicado cuenta con el aval de figuras, como el Dr. Carlos Duarte Torres (ex diputado nacional), Wulfran González Degli Uberti (presidente del movimiento), la abogada Natalia Romero Muñoz (apoderada) y otros referentes como el Gral. (S.R) Rogelio Cano Mendoza y el Gral. (S.R) Calixto Morel Ortega.
