Fue un fallo dividido de los camaristas Fabriciano Villalba, Sonia Deleón Franco y María Lourdes Cardozo. Esta última votó por el rechazo del recurso planteado por la defensa del condenado.
Peralta cumple con su condena, pero su defensa había apelado la resolución del 29 de noviembre del 2023, por la que la jueza de Ejecución, Silvana Luraghi (actual camarista), rechazó la solicitud de prisión domiciliaria.
Sus abogados alegaron que la esposa del ex rector se encontraba con problemas síquicos y que recibía cuidados exclusivos de su esposo.
También dijeron que el reo tenía varias enfermedades relacionadas con una hernia umbilical, por lo que debía realizarse tratamientos que no podía hacerlos dentro de la institución penitenciaria.
Sin embargo, la jueza rechazó el pedido, porque no hubo documentos de que la esposa tuviera estos problemas de salud.
Tras el rechazo, el abogado Leonardo Colina, defensor de Froilán Peralta, planteó recurso de apelación en contra del fallo, lo que fue resuelto finalmente ayer por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de Central.
En mayoría, los magistrados Fabriciano Villalba y Sonia Deleón Franco votaron por revocar la resolución y conceder el beneficio a Peralta.
Tuvieron en cuenta que el mismo fue sentenciado a una pena de 3 años, tiene más de 60 años, no es reincidente, y que su consorte no puede valerse por sí misma o se encuentra exclusivamente a su cuidado.
Esto, conforme con el artículo 239 del Código de Ejecución Penal, que fue citado por la defensa para requerir la aplicación del beneficio a favor del condenado.
Por su parte, la jueza María Lourdes Cardozo votó por el rechazo del recurso de apelación promovido por la defensa del recluso y, en consecuencia, ratificar la resolución de la magistrada.
TRES MESES. El ex rector de la UNA, Froilán Peralta, se había entregado para cumplir con su pena el 10 de noviembre del año pasado, por lo que ayer cumplió 3 meses y 11 días de reclusión, luego de que la condena quedara firme.
Antes, estuvo también con prisión preventiva, en el año 2015, cuando se inició el proceso por cobro indebido de honorarios, lesión de confianza y otros.
Tras dos juicios orales, ya que uno tuvo que reiniciarse, finalmente fue condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza.
La resolución de los jueces Victoria Ortiz, Pedro Nazer y Rilsy Ortiz se dictó en agosto de 2022, donde se determinó un perjuicio patrimonial de G. 1.154.401.733 contra la UNA.
Ahora, con el fallo dictado por el Tribunal de Apelación, cumplirá lo que le resta de la pena en su casa.
