El ex fiscal Florencio Pereira fue condenado a 3 años de cárcel, tras comprobarse que causó un daño al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que asciende a G. 683.849.514 desde una asociación que planteó proyectos para comunidades de los departamentos de San Pedro y Caaguazú.
La esposa del ex fiscal, Miriam Nancy Giménez, recibió 2 años y ocho meses de cárcel. Ambos eran parte de la organización Desde Abajo hacia un Desarrollo Íntegro Social (Dadis), ella como presidenta y él como tesorero, quienes recibieron dinero para obras que nunca concluyeron.
La investigación concluyó en que hubo sobrefacturación en proyectos de abastecimiento de agua potable, en comunidades de los departamentos de San Pedro y Caaguazú.
COMPROBÓ EN JUICIO. Pereira y su esposa habían presentado una nota al Indert, pidiendo financiación de los proyectos que beneficiarían a comunidades de Santa Rosa.
El proyecto se aprobó y se desembolsó primeramente el 50%, en octubre del 2015 y luego en noviembre del 2016, se hizo la segunda transferencia, ya que presentaron en tiempo la primera rendición de cuentas. Finalmente, en junio del 2017, adjuntaron facturas sobre gastos de perforación de pozo tubular, productos y honorarios.
Supuestamente todo estaba perfecto; sin embargo, el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) que dependen del Indert, hizo verificaciones y encontró que los sistemas de abastecimientos estaban incompletos y sin funcionar.
El fiscal Silvio Corbeta mencionó en su acusación que en los cuatro asentamientos encontraron perjuicios que alcanzan los G. 683.849.514.
Tanto él, como la fiscala Luz Guerrero expusieron que las obras sí se realizaron, pero que no cumplían con las especificaciones técnicas.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, confirmó los hechos y determinó que ambos sean condenados por lesión de confianza.
