El ex diputado Juan Carlos Ozorio, detenido por presuntos vínculos con líderes ligados al narcotráfico, utilizó la Cooperativa San Cristóbal para acercarse a organismos claves en lucha contra las drogas, como la Senad y la Corte Suprema de Justicia.
En su calidad de presidente de la cooperativa, Ozorio firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia en junio del 2020, sobre la implementación de oficios electrónicos.
Asimismo, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se firmó un convenio de cooperación para implementar varios programas preventivos de consumo de drogas.
El acuerdo con la Senad fue firmado bajo la administración de la ministra Zully Rolón, quien asumió hace un año aproximadamente el cargo, tras el paso de Arnaldo Giuzzio al Ministerio del Interior.
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La ministra expresó a Monumental 1080 AM este jueves que cuando se firmó el acuerdo no se sabía sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico del ex diputado, quien renunció a la Cámara Baja tras la divulgación de audios que lo comprometían.
De igual manera, Rolón indicó que la Senad no cuenta con los recursos para llevar adelante los programas preventivos sobre el consumo de drogas, por lo que recurren a la firma de convenios con otras instituciones.
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Situación del ex diputado
Juan Carlos Ozorio renunció a causa de audios filtrados en las redes sociales, donde se lo vincula con presuntos líderes narcos, lo que derivó en que todas las bancadas de la Cámara de Diputados anunciaran el apoyo a su destitución.
Tras renunciar al cargo, la Fiscalía ordenó su detención y señaló que ya tenían información sobre el ex diputado, en el marco del operativo A Ultranza, que ya dejó unos ocho detenidos y la incautación de bienes por más de USD 100 millones.
El Ministerio Público sindica a Ozorio de haber facilitado al pastor José Insfrán y a sus hermanos la posibilidad de poner en circulación el dinero proveniente del narcotráfico a través de la Cooperativa San Cristóbal.
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También se le atribuye haber realizado gestiones para la obtención de la matrícula de un helicóptero que habría sido comprado –se presume– para la utilización de la organización criminal y que fue despachado por Luis Estigarribia, imputado en el marco del operativo A Ultranza.
Los investigadores creen que el ex diputado tendría vínculos con la organización criminal dedicada al tráfico de drogas internacional en materia de gestión de documentos, medios logísticos y colaborando también para la circulación de activos provenientes del tráfico de drogas.
