La abogada defensora Gilvi Quiñones, en representación Carlos Soler Cano, condenado a cuatro años de prisión el 15 de julio de 2022 por cohecho pasivo agravado, solicitó su traslado a un centro médico para la realización de estudios de diagnóstico y consultas con especialistas.
El pedido es a raíz del informe médico del 17 de julio pasado de la doctora Karina Caballero, médica de la Sanidad de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), donde se halla cumpliendo su condenada.
El informe señala que Soler padece de cardiopatía isquémica, tuvo un infarto agudo y actualmente presenta presión arterial elevada. Recomendó que se realice varios estudios específicos para evitar futuras complicaciones de salud.
Como consecuencia del pedido, el juzgado dispuso la constitución del médico forense, Jorge Maldonado, quien realizó la inspección médica y coincidió en que debía hacerse estudios auxiliares, así como evaluación por especialistas en una clínica médica y de cardiología.
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Tras analizar el caso, el magistrado hizo lugar al pedido, por lo que ofició al Hospital de Clínicas para que fije una fecha con el fin de que Soler se realice los estudios recomendados por el médico forense y sea evaluado por especialistas médicos.
Además, el juez exhorta al director de Institutos Penitenciarios y al director de la Penitenciaría Industrial La Esperanza que dispongan de todos los medios para asegurar la integridad física, psíquica y mental del interno.
Soler está condenado junto al ex director regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Enrique Gómez de la Fuente, quien tiene pena de 3 años 6 meses por extorsión y cohecho pasivo agravado.
Tanto el ex parlamentario como Gómez de la Fuente fueron condenados por las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Yolanda Morel, el 15 de julio de 2022.
En el juicio oral se probó que el ex diputado y el director de la Región Occidental del Indert solicitaron USD 125.000 al estanciero Albino Méndez para anular la revocación de la adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas que estaba en el Chaco. El denunciante entregó dos cheques a Soler, uno de G. 100 millones y otro de G. 60 millones.
