La Federación, integrada por los distintos Centros de Estudiantes de las facultades de la Universidad Católica, emitió el comunicado en su carácter de representante del estamento estudiantil y como defensora de los valores democráticos y los derechos humanos, “no solo de los jóvenes universitarios sino de todos los ciudadanos de la República del Paraguay”.
En el documento, resaltaron el “enérgico y categórico repudio” ante los “lamentables” sucesos de violencia y represión ocurridos el domingo.
“Hemos sido testigos del inaceptable atropello a las libertades ciudadanas, donde la Policía Nacional a través del Grupo Lince y otras unidades desplegadas, institución que debe velar por la seguridad de todos los paraguayos, ha hecho uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza contra jóvenes y ciudadanos que ejercían su legítimo derecho a la manifestación pacífica”, expresaron en el comunicado.
Lea más: Bancada Democrática pide interpelar a ministro del Interior y comandante de la Policía
En ese sentido, señalaron que las detenciones arbitrarias y la violencia desmedida no son herramientas de un Estado de derecho, sino “ecos de un pasado autoritario que creíamos superado”.
Aludieron a la Constitución Nacional al citar el artículo 32 sobre el derecho a la manifestación pacífica que cita que"las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligados a participar de tales actos…".
Asimismo, manifestaron que los hechos de violencia son un “alarmante retroceso que nos remite a las épocas más oscuras de nuestra historia”, y se menciona que durante la dictadura de Alfredo Stroessner, por décadas se sometió al país bajo la lógica de acallar las voces disidentes mediante la violencia bajo un falso pretexto de “orden público”.
“La violencia nunca es la respuesta. Menos aún cuando emana del propio Estado, que tiene el monopolio de la fuerza para proteger a sus ciudadanos, no para reprimirlos. El hartazgo ciudadano ante la corrupción y el avasallamiento de derechos es legítimo, y la única respuesta válida es la justicia, la transparencia y el diálogo”, reza el comunicado.
Nota relacionada: Esperanza Martínez: Gobierno de “Peña-Cartes” es autoritario “por temor” a un pueblo sin miedo
Igualmente, se dirigieron a las autoridades del país y les exhortaron a garantizar el respeto al artículo 32 de la Constitución Nacional y a cesar de inmediato cualquier “protocolo que criminalice la protesta social”.
De igual manera, exigieron la realización de una investigación para identificar y sancionar a los responsables de la represión.
“El silencio y la impunidad no harán más que profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y debilitar aún más nuestra democracia”, acotaron en el comunicado.
