14 oct. 2025

Estado solo destina G. 9.200 por día para alimentar a cada recluso

Durante el estudio del presupuesto de 2026 para el Ministerio de Justicia, se reveló que se destinan apenas G. 9.200 por día por la comida de cada recluso. Este gasto seguiría siendo bajo en 2026.

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Comisión Bicameral. El ministro Nicora acudió al Congreso y defendió su presupuesto.

GENTILEZA

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional retomó ayer el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, evaluando los recursos que se destinarían para el Ministerio de Justicia, a fin de cubrir los diversos gastos de las penitenciarías del país.

Para ello, acudió el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien explicó que, de acuerdo con el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esperan contar con G. 566.723 millones (USD 71,9 millones al tipo de cambio proyectado) en el 2026, lo que representará una suba del 8,78% respecto al presupuesto vigente en este 2025.

Recordó que entre 2021 y 2024, el presupuesto de dicha entidad tuvo variaciones moderadas, con un aumento del 1% entre 2021 y 2022, del 5% entre 2022 y 2023, y una reducción del 4% en 2024, mientras que en 2025 ya se tuvo un aumento del 24%.

Uno de los datos más llamativos de la sesión fue señalado por el senador Ignacio Iramain, quien indicó que, observando el presupuesto, la alimentación por persona privada de libertad alcanza actualmente apenas G. 9.200 por día.

Tras admitir el dato, Nicora incluso adelantó que estiman que para antes del último trimestre del próximo año ya se utilizaría el total del presupuesto destinado para el rubro de alimentación.

“Efectivamente, tenemos esa Ley de Responsabilidad Fiscal, pero necesitamos un mejor presupuesto para alimentación. Nosotros tenemos proyectado en este 2026 terminar nuestro presupuesto antes del inicio del último trimestre y ahí ver con Hacienda (MEF) cómo continuar con la provisión de los alimentos”, remarcó.

Buen Pastor. En otro momento, también reconoció que en algunos centros penitenciarios, como en la Casa del Buen Pastor, ya no se estaba contando con la cantidad necesaria de comida, lo que obligaba a que incluso familiares tengan que cubrir la alimentación. Sin embargo, dijo que ahora, tras el traslado de dicho centro hasta el nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), en Emboscada, se fortaleció el abastecimiento mediante provisiones aportadas por la Itaipú Binacional.

“Lo que hoy hicimos fue sincerar esos números y dar a conocer a los legisladores para tener la aprobación de nuestro nuevo presupuesto. No significa que las mujeres privadas de libertad no tienen agua o alimentos; los problemas ya están siendo subsanados. A partir de hoy tenemos garantizada la provisión y el apoyo de Itaipú hasta fin de año”, aseguró en declaraciones posteriores a los medios.

Por otra parte, señaló que el crecimiento constante de la población penitenciaria, que pasó de 11.750 reclusos en 2015 a 19.803 en 2025, genera una “recarga anual en alimentación, recursos humanos, agentes penitenciarios, personal de blanco, psicólogos y medicamentos”.

También mencionó que el 61% de las personas privadas de libertad aún no cuenta con condena, lo que sobrecarga los recursos del sistema.

G. 60.000 millones para salarios

Si bien el proyecto de presupuesto 2026 para Justicia implica un aumento equivalente a USD 5,8 millones y el 56% de todo el plan se prevé destinar a servicios personales, el ministro Rodrigo Nicora afirmó que dichos recursos aún no serán suficientes para cubrir las necesidades principalmente del personal penitenciario.

Reveló que, incluso, los nuevos contratados están percibiendo un monto superior a los nombrados, mientras que una gran parte apenas percibe salario mínimo, y varios parlamentarios salieron al paso de esto.

“Estamos retrasando reivindicaciones importantes. El 50% de los contratados gana salario mínimo, en una institución donde arriesgan sus vidas. G. 5 millones sería ideal”, expresó al respecto el diputado Yamil Esgaib.

El legislador Hugo Meza, por su lado, pidió una equiparación entre los salarios de contratados y nombrados, así como un mayor fortalecimiento tecnológico.

Tras esto, el ministro sostuvo que, para lograr esto, se requerirán de al menos G. 60.000 millones más sobre el aumento proyectado.

El aumento presupuestario de Justicia permitiría cubrir principalmente la incorporación de 381 nuevos agentes penitenciarios y 264 funcionarios administrativos y de salud.

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