Mientras médicos de todo el país reclaman mejores salarios y condiciones de trabajo, además de denunciar deficiencias en los servicios públicos de salud, una investigación sobre la evolución del sistema sanitario paraguayo pone el foco en los recursos destinados a contratar seguros médicos privados para funcionarios públicos.
Según el análisis de la investigadora Patricia Lima Pereira, entre 2020 y 2024, el Estado paraguayo destinó USD 361,6 millones a la compra de seguros médicos privados (medicina prepaga) para funcionarios públicos.
En cambio, cita otro estudio sobre la evolución del acceso a la salud en Paraguay, según el cual, en 2024, el 71,4% de la población no contaba con ningún seguro médico.
La investigación está incluida en el libro Economía, Sociedad y Estado: 35 años de democracia en Paraguay, publicado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), dentro del capítulo “Trayectorias divergentes: Un análisis centrado en actores del sistema de salud y la protección social en Paraguay”.
Lima denomina a este proceso “la reforma de salud oculta”. Su análisis sostiene que, desde 2018, se produjo una transformación en la estructura del gasto sanitario caracterizada por una creciente participación del sector privado en la prestación de servicios financiados con recursos públicos.
“Desde el 2018, el Estado paraguayo ha financiado una mercantilización sostenida del acceso a la salud”, señala.
La autora identifica dos mecanismos principales; por un lado, la tercerización de servicios médicos y, por otro, la compra de seguros médicos privados para funcionarios públicos.
Según el estudio, ambas modalidades representan actualmente un monto equivalente a alrededor del 10% del presupuesto de Salud.
El análisis compara la inversión estatal directa en infraestructura, equipamiento y tecnología con los recursos destinados a la compra y externalización de servicios privados. La autora sostiene que este proceso fue particularmente visible después de la pandemia de Covid-19.
El análisis de las contrataciones públicas muestra que entre 2020 y 2024 fueron destinados USD 361.557.451 a seguros médicos privados para funcionarios públicos.
El gasto estuvo altamente concentrado. 15 instituciones, de un total de 65, absorbieron el 80% del monto (ver infografía al final).
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Un negocio concentrado. La investigación también analiza quiénes recibieron esos recursos. En 2020, año que el estudio identifica como el de mayor volumen de adjudicaciones, más del 90% de los fondos destinados a seguros médicos se concentraron en seis empresas, de un total de 14 prestadoras autorizadas.
Entre ellas se encuentran Reyva SA, con USD 13,9 millones, y Santa Clara SA, con USD 10,4 millones.
Otra de las empresas destacadas es Promed, que recibió adjudicaciones por USD 8,7 millones en 2020.
El estudio también identifica a Asismed, Medi Plan y SIME entre las principales empresas beneficiadas.
Uno de los puntos centrales del análisis de Lima es que tener un seguro privado no necesariamente garantiza una cobertura integral.
La investigación sostiene que las pólizas pueden contener restricciones frente a determinadas enfermedades crónicas o tratamientos de alta complejidad.
Advierte que cuando un funcionario desarrolla una patología compleja que no está cubierta por su seguro, puede terminar nuevamente en el sistema público o enfrentando un gasto de bolsillo elevado.
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Los datos sobre el gasto público en tercerización sanitaria muestran que, en la práctica, el sistema de salud experimenta reformas en su estructura de gastos que responden a intereses particulares, afirma entre sus conclusiones.
