El grupo de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) presentó ayer una nota al titular del Congreso, Silvio Ovelar pidiendo el tratamiento de la pérdida de investidura del liberal llanista Dionisio Amarilla.
Esther Roa se hizo cargo de la misiva, en la que se considera un hecho de suma gravedad, el intento de soborno para tratar de frenar denuncias que involucra al senador.
Sostienen que él mismo defraudó peligrosamente la confianza ciudadana, y que por esa razón, sus pares tienen la obligación de recuperar la credibilidad institucional, a través de la pérdida de investidura del parlamentario.
“La conducta imputada al senador consistió en el hecho de haber mediado en su condición de congresista a favor de un amigo propietario de una empresa de seguridad que se hallaba en proceso de contratación con el IPS”, se hace referencia en la nota.
“La mediación se materializó con la intención de silenciar a Juan Carlos Lezcano, que llevaba a cabo una serie de publicaciones relacionadas a una investigación periodística sobre la contratación multimillonaria”, se indica.
Se agrega que la intención de Amarilla era favorecer económicamente a su amigo (Óscar Chamorro), allanando el obstáculo para lograr un beneficio económico.
En la nota entregada a Ovelar, se menciona que el 1 de agosto del año pasado, un grupo de ciudadanos decidieron hacer frente a la corrupción imperante.
Sostiene que el objetivo es devolver la institucionalidad al Poder Legislativo, y se alega que “ha sido bastardeado por personas que desde el cargo han deshonrado el interés ciudadano”.
Se remarca qué para que configure como causal el uso indebido de influencias, se requiere que el qué esté involucrado sea congresista.
Los escrachadores manifiestan qué eso está debidamente comprobado en este caso, e insisten que Amarilla con el uso indebido de su influencia buscó ventajas a favor de un tercero.
“Debe tenerse en cuenta que la pérdida de investidura busca castigar la conducta reprochable de los congresistas cuando transgreden el código de conducta y cuando incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o la dignidad que ostentan”, consideran.
Refieren qué, aunque no hay una reglamentación del Artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, se debe hacer en forma directa.
“La acción de pérdida de investidura se caracteriza por su naturaleza sancionatoria y su finalidad como mecanismo de control sobre aquellas personas elegidas popularmente como miembros del Congreso”, se especifica.
juicio de responsabilidad política. En la nota, se insiste que la conducta del senador Amarilla atenta contra el orden jurídico, político, ético, disciplinario y dignidad de su investidura. “La pérdida de investidura de los congresistas es de naturaleza ética”, dicen.
“Es un verdadero juicio de responsabilidad política que corresponde a cada Cámara del Congreso, que culmina en una sanción jurisdiccional de tipo disciplinario”, reiteran.
“El objeto es preservar la dignidad de los congresistas y castigar la vulneración del régimen disciplinario a ellos impuesto en razón de la función que desempeñan”, indican.
“Exigimos que depongan sus intereses personales y sectoriales y cumplan con nuestra Constitución referente al tratamiento de la pérdida de investidura del senador”, fue el mensaje para el Senado.
