Los respiradores para unidades de Terapia Intensiva llegaron la semana pasada en un vuelo especial desde Barcelona, España, y fueron distribuidos a hospitales de Bolivia hasta que se conoció que su costo se triplicó del precio real. Por esto fueron detenidos varios funcionarios del Ministerio de Salud y la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, compareció en televisión con un breve pero firme mensaje contra la corrupción.
La Fiscalía y el Parlamento del vecino país anunciaron comisiones de investigación para estudiar si hubo responsabilidades penales y políticas, respectivamente.
Las detenciones que por ahora transcendieron son de cuatro funcionarios de la cartera sanitaria y una agencia estatal de Salud, uno de ellos es responsable del área jurídica, y son investigados por supuesta “adquisición irregular” en espera de “definir su situación procesal”, según la Fiscalía General del Estado.
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Las oficinas del área jurídica fueron precintadas tras secuestrarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos USD 5 millones.
Los equipos fueron adquiridos por algo más de USD 27.000 cada uno, unos 500 en total de los que 170 que ya llegaron al país, tras lo que comenzaron las críticas porque su precio real puede ser tres veces menor y porque solo valdrían para emergencias, no para Terapia Intensiva.
El ministro interino de Salud fue llevado a declarar por la Policía Boliviana a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, con versiones contradictorias de que acudía por su voluntad o por estar procesado.
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Sin embargo, desde sectores como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales se apunta a más responsables políticos, al margen de los funcionarios investigados, entre los que se cita a Mohammed Mostajo-Radji, nombrado por Áñez como embajador científico de Bolivia.
Evo Morales, que está en Argentina, pidió en Twitter que se investigue a las autoridades que autorizaron la compra, “no a chivos expiatorios”, y desde su partido se pide responsabilidades al Consulado de Bolivia en Barcelona.
Desde que Áñez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado hubo otras denuncias de corrupción, con intervención en empresas estatales, entre otros casos, pero este escándalo salta en un momento de descontento por la prolongación de la cuarentena contra el coronavirus, ampliada a final de mes, y la demora en las elecciones, que estaban fijadas para el 3 de mayo, que ahora se aplazaron sin fecha.
