El acuerdo por el que el EPL dejó las armas el 1 de marzo de 1991 fue firmado quince días antes por Bernardo Gutiérrez, su máximo líder, y por el entonces ministro de Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, el mismo funcionario que hoy encabeza la delegación oficial en los diálogos de paz con las FARC en Cuba.
Si bien el acuerdo que firmó esa guerrilla permitió que unos 2.200 combatientes depusieron las armas, no logró que un reducto disidente mínimo se plegara, el que hoy sigue operando en la región del Catatumbo, donde la producción de cocaína es su principal negocio.
Esa es la prueba de la división interna en la que vivió el grupo armado, nacido en los años sesenta el siglo pasado y que firmó la paz cuando era, por su fuerza bélica y su base política, la segunda guerrilla de Colombia.
“El EPL no negoció en una situación de debilidad militar. El EPL tenía 18 frentes rurales. Combatientes en filas había 2.200 y cuadros y militantes clandestinos 6.400. O sea, que eran cerca de 10.000 personas en un proyecto de izquierda”, resume Álvaro Villarraga, uno de los negociadores de paz del grupo armado.
Villarraga asegura que la organización era hasta su desarme “la segunda guerrilla” en un país en el que confluían otros grupos rebeldes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento 19 de Abril (M-19).
El EPL era la “estructura militar” del Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, convencido de que las armas ayudarían a modificar un escenario político que consideraban injusto, argumento compartido por otros grupos insurgentes de la época.
Sin embargo, como explica Jaime Fajardo, exmiembro del comité ejecutivo central del partido, la organización abrió un interrogante que con los años provocó su desmovilización: ¿podían lograr sus objetivos dentro del sistema democrático?.
“Tuvimos durante 10 años un debate interno sobre las características y objetivos de la lucha democrática. Por qué era importante que la organización participara en los espacios democráticos”, recuerda Fajardo.
Las preguntas llevaron al EPL a declarar una tregua unilateral entre agosto de 1984 y diciembre de 1985, durante la cual buscó “una solución negociada” para convocar una Asamblea Constituyente que abriera la democracia colombiana, pero el intento no prosperó y uno de sus líderes, Óscar William Calvo, fue asesinado.
La presión paramilitar y la necesidad de un frente común llevó a los distintos movimientos insurgentes a unirse en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC, el ELN, el EPL y otros grupos menores.
Surgió entonces la posibilidad de que se convocara una Constituyente y fue ahí cuando el EPL profundizó su división y se escindió.
“Tuvimos que romper con un sector que tenía el mando de la organización y nos fuimos a negociar la desmovilización, los objetivos políticos y la participación en la Constituyente”, cuenta Fajardo.
No fue fácil, pero tras dos votaciones internas en las que constataron el apoyo de las bases mantuvieron un contacto con el Gobierno, en concreto con el entonces consejero presidencial para la Paz, Rafael Pardo, hoy ministro del Postconflicto.
Las negociaciones se abrieron en mayo de 1990 con siete puntos, entre ellos su participación en la Constituyente -que redactó la Carta Magna de 1991-, reformas políticas y sociales y garantías, lo que dio lugar a la firma del acuerdo el 1 de marzo de 1991 y a la concentración del reducto contrario al pacto en el Catatumbo.
Las armas de unos 2.200 combatientes fueron fundidas y éstos se reconvirtieron en el movimiento “Esperanza, Paz y Libertad”, que pasó a ser blanco de grupos extremistas que acabaron con la vida de al menos 600 de sus integrantes, entre ellos 300 exguerrilleros.
Hoy, 25 años después, Fajardo y Villarraga consideran que, pese a todo, fue un “proceso exitoso” y que el principal logro fue la Constituyente, al demostrar que la salida negociada del conflicto es posible.
Por Cynthia de Benito
