Para Enrique Kronawetter, la imputación de Mario Abdo Benítez, de sus exministros y otros funcionarios es una “burda persecución”. Se refirió especialmente a las personas que fueron desafectadas de sus puestos laborales por participar en la elaboración de un informe que se les había pedido sobre la situación de Horacio Cartes.
Se refirió a los comprometedores chats filtrados entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, sobre la situación de los procesados, y rechaza la negativa del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de incautar el teléfono para investigar a fondo el actuar de Cantero.
“Lo más antirepublicano del fiscal general del Estado es que un funcionario público está siendo expuesto sobre la base de unos chats filtrados, y él no haga lo básico que es, con urgencia, asegurar elementos de prueba. Que en el futuro, si no se aseguran, se trunca la información, y eso lo que hizo”, explicó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Lea más: Sacan a fiscales, pero no abren causa por los chats de Cantero
Sobre el argumento de Rolón, de no ordenar esta medida porque no se considera un inquisidor, Kronawetter fue tajante al decir que en realidad el fiscal general no conoce el sistema acusatorio “lo que sí sabe perfectamente es sobre el sistema inquisitivo y él es un inquisidor”, lanzó.
Hasta dio a entender que podría haber mensajes que puedan comprometer al mismo Rolón, lo que lo motiva a evitar el análisis de los teléfonos.
“Por poco con lupa, una especie de Gestapo se instaló en la Fiscalía para investigar a la gente que ha hecho su trabajo y la Fiscalía no da la cara ni dice por qué no realiza un acto investigativo concreto en relación a todos estos casos que afectan sensiblemente a la poca credibilidad que tiene el país respecto al concepto de inseguridad ni en el combate a la criminalidad organizada”, insistió Kronawetter sobre la parcialidad del Ministerio Público en esta causa.
Lea más: Fiscalía imputa a Mario Abdo y otras autoridades de su gobierno tras denuncia de Cartes
Además de Mario Abdo, también están procesadas autoridades de su gobierno, como el caso de su secretario privado, Mauricio Espínola –actual diputado–; Carlos Arregui, ex ministro de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior y su asesor de inteligencia, Daniel Farías Kronawetter.
La lista continúa con René Fernández, quien estaba al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción; Carmen Pereira Bogado, que entonces se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y luego como directora adjunta de Seprelad; Guillermo Preda, quien asumió en el cargo que había dejado Pereira Bogado; así como Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero B.
Todos fueron imputados por revelar información de Horacio Cartes para, supuestamente, debilitar su figura en un contexto de campaña electoral.
