Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron al ex presidente Mario Abdo Benítez a ocho meses de la denuncia que presentó su enemigo político y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
También están procesadas autoridades de su gobierno como el caso de su secretario privado, Mauricio Espínola -actual diputado-; Carlos Arregui, ex ministro de Prevención de Lavado de Dinero; Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior y su asesor de inteligencia, Daniel Farías Kronawetter.
La lista continúa con René Fernández, quien estaba al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción; Carmen Pereira Bogado, que entonces se desempeñaba como directora General de Análisis Financiero y luego como directora adjunta de Seprelad; Guillermo Preda, quien asumió en el cargo que había dejado Pereira Bogado, así como Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero “B”.
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Todos fueron imputados por revelación de secretos de servicio, tras darse a conocer secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Lavado de dinero y contrabando de cigarrillos
El acta de imputación refiere que supuestamente Mario Abdo habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de personas “contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
Para llevar adelante el plan, Abdo Benítez supuestamente conformó un equipo de expertos en el ámbito investigativo presuntamente encabezados por Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, que antes de cumplir funciones como ministros tuvieron una vasta trayectoria como fiscales.
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De acuerdo a la investigación los tres habrían fraguado supuestamente un informe de inteligencia llevado a cabo por funcionarios de Seprelad en el que se vincula a Horacio Cartes y a sus empresas con una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.
Los funcionarios de la Secretaría de Estado están bajo la lupa de la Fiscalía por haber proporcionado, supuestamente, el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de prensa, “lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación”, se lee en otra parte de la imputación.
Al actual diputado Mauricio Espínola también se le atribuye la responsabilidad de haber filtrado los datos confidenciales a través de la red social X (antes Twitter) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
