El encargado de Negocios de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, acompañado del primer secretario de la embajada de ese país, llegaron al Palacio de López para reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Las autoridades no comunicaron sobre el motivo de la reunión, informó Roberto Santander, periodista de Última Hora.
A su salida, Salazar señaló que conversó con el presidente sobre el fortalecimiento de la instituciones democráticas y el combate a la corrupción. Además anunció la llegada del nuevo embajador de EEUU a Paraguay.
“Hablamos mucho, sobre muchas cosas, principalmente la llegada anticipada de nuestro embajador antes de fin de mes”, comunicó.
“Compartí con él nuestro mutuo interés por fortalecer las instituciones democráticas en nuestro país, especialmente para asegurar que el pueblo reciba justicia y también continuar sus esfuerzos en combatir la corrupción y la impunidad en el país”, agregó.
La visita coincide con una serie de denuncias realizadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente Horacio Cartes por supuestamente ser responsable de la manipulación del sistema financiero en detrimento de la economía paraguaya a través del contrabando de cigarrillo y el lavado de dinero.
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Según Giuzzio, Tabesa, propiedad de Cartes, simula venta de cigarrillos en papeles y sus principales clientes son quienes pasan las mercaderías a diferentes países.
Así, el dinero se distribuye a sitios como EEUU, Alemania, Corea del Sur, España, Suiza, Holanda, Bélgica, Islas Vírgenes, entre otros, y luego retorna al Paraguay a través del sistema de “dólar cabo”, que son esquemas financieros paralelos, vía bancos y casas de cambio de Brasil, que depositan nuevamente los dólares en Banco Basa, de propiedad del ex presidente.
A raíz de esta situación, el Ministerio Público decidió abrir una causa penal por contrabando y lavado de activos contra Cartes, los agentes fiscales designados para la causa son Liliana Alcaraz y Osmar Legal.
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Este lunes, los fiscales requirieron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) las informaciones otorgadas por Giuzzio.
La Seprelad, a su vez, respondió con los antecedentes; sin embargo, por cuestiones de confidencialidad, la Seprelad no reveló si se analizaron dichos datos o si se encontraron con más inconsistencias en las declaraciones del ex jefe de Estado.
La guerra abierta entre Giuzzio y Cartes le sirvió al ministro de Interior para continuar en su cargo, mientras que en el Congreso Nacional se estudia llevar a juicio oral a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ante la presunción de una abierta parcialidad hacia el cartismo y no investigar estos hechos a tiempo.
