“Se reclama su inconstitucionalidad, pues con la misma se ha desvirtuado el debido proceso, paralizándolos cuando en su momento y por actos solemnes se otorgaron los desafueros”, expresó Rolón, dirigiéndose a los ministros de la Sala Constitucional.
El titular del Ministerio Público ya adelantó que esta resolución por parte del Senado, sacada el pasado 5 de abril, tuvo “el inmediato efecto de detener los procesos”. Acusa al Senado de atribuirse una “facultad extraordinaria” que no le corresponde.
“La resolución que se ataca de inconstitucional e insanablemente nula, es un decisorio que otorga atribuciones nuevas… situación anárquica e inaudita que de permitirse crearía afrenta al orden constitucional”, expuso.
Según Rolón, se incurrió en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias. “La referida resolución… viola frontalmente las normas constitucionales, al pretender dejar sin efecto una decisión anterior ajustada a la normativa”, criticó.
A su vez, el fiscal general solicitó que se dicte como medida cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de la resolución dictada por el Senado.
Ahora queda en manos de los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos y César Diesel –miembros de la Sala Constitucional– el estudio de la acción.
DEVOLUCIÓN. Con 23 votos, en el Senado, los legisladores dejaron sin efectos las resoluciones donde ya le habían desaforado a los parlamentarios. Este inédito hecho lo hicieron como consecuencia –o coacción– porque no conseguían los votos para sacar los fueros al ex presidente Mario Abdo Benítez, imputado.
Los fiscales Aldo Cantero y Giovani Grisetti habían sacado la imputación en contra del ex mandatario por la supuesta filtración de datos que mencionaban a Horacio Cartes.
Sin embargo, sigue con sus fueros como senador vitalicio y en la misma condición está el diputado Mauricio Espínola, imputado en la misma causa.
PROCESADOS. Los senadores cuyos fueros fueron restituidos ya tenían un proceso avanzado en la Justicia.
Con respecto a Erico Galeano, está imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Vendió en el 2020 una propiedad del condominio Aqua Village a Hugo González Ramos, quien tiene orden de captura en la causa A Ultranza PY, que sería testaferro de Tío Rico.
Lo más grave –según la Fiscalía– es que el senador “habría estado al servicio de dicha organización”, que se dedica al tráfico de drogas.
La fecha de acusación u otro requerimiento conclusivo es el 24 de mayo de este año.
Con relación a Rivas, él está imputado por presentar su certificado de estudios y su título como abogado aparentemente falsos para jurar ante la Corte. El legislador –incluso– fungió como presidente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), gracias a esa supuesta profesión.
Y, por último, está Filizzola, quien está acusado por el caso conocido como comisarías de oro, que habría ocasionado un perjuicio que rondaría los G. 1.200 millones, siendo él ministro del Interior.
