Se trata de los legisladores Mike Rounds, del Partido Republicano, y Jon Tester, del Partido Demócrata, quienes señalan estar preocupados porque el producto paraguayo puede representar una amenaza para la seguridad alimentaria y la salud animal en Estados Unidos, según el portal del primer legislador.
Ambos exigen que el ingreso del producto al país norteamericano sea frenado a partir de la fecha de promulgación y hasta tanto se realice una nueva evaluación, con la que se les confirme que no existe ningún riesgo.
“Paraguay históricamente ha luchado por contener los brotes de fiebre aftosa. No ha cumplido con el estándar propuesto por los ganaderos de Montana. Desafortunadamente, la administración Biden ha priorizado las iniciativas diplomáticas en la región. Esto plantea una amenaza importante”, expresó Rounds.
Además, el parlamentario señaló que los consumidores norteamericanos deben alimentarse con carne que cumpla con los rigurosos estándares exigidos en ese país.
Justin Tupper, presidente de la Asociación de Ganaderos de EEUU, celebró la propuesta de ambos senadores y sostuvo que no solo esperan que se detenga la importación de carne vacuna de Paraguay, sino también del Brasil.
Manifestó que los riesgos en la carne paraguaya están ligados “a la corrupción gubernamental”, “la deforestación de ecosistemas críticos para sustentar la industria”, la “falta de transparencia” y “el uso de prácticas de trabajo forzoso”, por lo que instó a los demás congresistas y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a apoyar dicho proyecto de ley.
Meses atrás, el gremio de ganaderos estadounidenses ya había ejercido una fuerte oposición a la propuesta del Departamento de Agricultura para permitir la importación de carne vacuna fresca desde Paraguay.
Asimismo, un documento similar ya se había presentado en el Congreso estadounidense a fin de frenar el ingreso de la carne paraguaya, aunque el mismo no prosperó.
Minimizan propuesta. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, minimizó las implicancias que pueda traer la propuesta de ley y dijo que solo forma parte del lobby que realiza el sector ganadero norteamericano.
“El Congreso tiene una libre atribución de opinar, pero el Departamento de Agricultura es finalmente el que decide y obviamente el Ejecutivo. Yo creo que es parte de todo el show y la presión de los productores americanos, que es muy fuerte”, apuntó.
