La decisión del Tribunal del Brasil se dio a raíz de la cooperación jurídica internacional articulada entre el Ministerio Público de la República del Paraguay y el Ministerio Público Federal de Brasil.
Según señala la información, la Primera Sala Especializada de la Justicia Federal brasileña resolvió, por unanimidad, rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa y hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Ministerio Público Federal.
De esta manera, modificó parcialmente la sentencia recurrida al reconocer como acreditada la circunstancia judicial desfavorable relacionada con la personalidad del condenado.
Con el fallo, la pena de 24 años y 9 meses de prisión fue elevada a 28 años, un mes y 15 días de reclusión, en régimen cerrado. La resolución mantuvo los demás puntos del fallo, incluida la ejecución provisional de la pena.
La causa en el Paraguay
El caso ocurrió el 17 de noviembre de 2018, en dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde Pinheiro Veiga se encontraba privado de libertad y a la espera de ser extraditado al Brasil.
Según se probó en el juicio, la joven Lidia Meza Burgos fue atacada con un arma blanca y sufrió 53 heridas, lo que le causaron la muerte.
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La hipótesis de los investigadores fue que el crimen fue cometido para que se obstaculizara o se demorara la extradición al Brasil, ya que se iba a generar un nuevo proceso penal en nuestro país.
No obstante, la extradición se hizo efectiva, pero fue juzgado en el Brasil por este hecho punible, teniendo en cuenta la nacionalidad brasileña del encausado.
Así, las primeras diligencias investigativas estuvieron a cargo de la fiscala María Irene Álvarez, que impulsó las actuaciones iniciales para el esclarecimiento del hecho y la preservación de los elementos probatorios.
Cooperación jurídica
Después, siempre según la información del Ministerio Público, a través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales (UASI) a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, coordinó las actuaciones para la transferencia del proceso penal a las autoridades brasileñas.
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De esta manera, la cooperación permitió que la persecución penal iniciada en Paraguay tuviera continuidad ante la jurisdicción federal de Río de Janeiro, manteniendo la evidencia obtenida durante la investigación desarrollada en territorio paraguayo.
Incluso, la fiscala paraguaya viajó al Brasil para declarar en el juicio, donde finalmente le condenaron a 24 años y 9 meses de cárcel. Ahora, la pena fue aumentada a 28 años, un mes y 15 días de cárcel por el hecho.
