El Juzgado de Crimen Organizado ordenó que cumplan prisión en el penal militar de Viñas Cué los agentes de la Senad: Cristian Porfirio Amarilla, (director de Inteligencia), Aldo Pintos (comandante de Fuerzas Especiales) y Alicia Vázquez (jefa del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado).
Los tres –quienes participaron de la audiencia por medios telemáticos– están imputados por los hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado y omisión de funcionario encargado de prevenir.
A Pintos se le sumó un cargo más, que es tráfico de influencias.
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Para el juez Humberto Otazú, los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Luis Said y Christian Ortiz describen bien la imputación.
Para la Fiscalía los agentes formarían parte de “una estructura criminal vinculada al denominado Clan Gomes”. Estos le dieron “protección e influencia” y cometieron corrupción institucional destinados a favorecer sus actividades ilícitas, obtener y transmitir información sensible, dificultar las investigaciones, frustrar procedimientos operativos y procurar la impunidad de sus integrantes”,
¿De qué hechos se les imputa?
La Fiscalía contra el Narcotráfico cerró su investigación sobre cuatro directivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que hacían “favores” al diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes. Entre los agentes está el primo hermano del legislador y una ex asistente fiscal, que hicieron un “esquema de protección” para el clan Gomes, integrado por padre e hijo, dedicados presuntamente al narcotráfico.
Aldo Pintos habría dado información sensible a Lalo Gomes sobre operativos de la Senad y también habría intervenido en frustrar la detención del narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes, desligando al legislador del caso.
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Por último, Cristina Amarilla, siendo director de Senad, hizo contacto con Gomes, y habría ordenado no poner el nombre de Eulalio en un informe en el caso Pavo Real en el que se investigaba la estructura que lavó dinero para el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
Lo grave es que Lalo también aparecía en los mensajes de la extracción de datos del celular de Luan Azevedo Pavão, pero no se puso su nombre.
Sobrina se abstiene de declarar
La cuarta persona imputada es Helga Lizany Solís Gomes, sobrina de Lalo Gomes, quien también se entregó a la Justicia. Ella, tal como lo anunció su abogado Jorge Barrios, decidió no declarar ante los fiscales de la causa.
Ella es considerada como “principal operadora del clan”, quien gozó del “padrinazgo” de su tío.
Supuestamente, ella entre el 2019 y el 2023, siendo asistente fiscal, hizo contactos con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública, “usando esas relaciones para favorecer a personas investigadas”.
Convenientemente, tenía su pareja en las filas de la Senad, el coronel Aldo Pintos. A través suyo, habría accedido a informaciones sensibles sobre operativos e investigaciones.
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Por un lado, contactó con él y otro agente (Cristian Amarilla) “con el propósito de encubrir y desvincular a su tío” de la fuga del presunto narco Ronaldo Mendez Nunes.
También, en junio del 2019, siendo ella asistente fiscal de Pedro Juan Caballero, gestionó modificar el acta de procedimiento policial tras la detención de un hombre procesado por la Ley de Armas.
El cambio ayudó a que el hecho se investigue como un delito y no como un crimen.
Así se logró que el juez Martín Areco solo le dé medidas alternativas a la prisión.
Incluso, Lizany Gomes habría pedido a su tío que las evidencias en la causa se envíen Criminalística de la Policía y no al Laboratorio Forense de la Fiscalía, y así tener “un dictamen favorable”.
